Líos por proyecto de ley que favorecería a los Torres financistas de campaña Petro Presidente

El controvertido proyecto de ley 233 de 2023, presentado en la Cámara de Representantes, que ha suscitado intensas críticas por su presunto intento de favorecer al Clan Torres, un grupo con notorios lazos económicos y políticos en el país. 

Este proyecto, que tiene un correlato en el Senado como el proyecto de ley 142 de 2022, propone modificaciones al Sistema de Control y Vigilancia de Trámites de Tránsito (SICOV), esencial para la regulación de procesos críticos como las revisiones tecno-mecánicas y los exámenes de conducción.

Según informes de La Silla Vacía, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha expresado su inquietud ante la posibilidad de que este proyecto esté diseñado para beneficiar específicamente al Clan Torres. 

Este grupo es conocido por sus conexiones con Euclides Torres, destacado financiador de la campaña del actual presidente Gustavo Petro, lo que alimenta las especulaciones sobre un posible favorecimiento en futuras licitaciones, en particular las relacionadas con la gestión del Sicov.

El artículo 15 del proyecto ha sido el principal blanco de las críticas de la ANDI, argumentando que podría excluir efectivamente a cualquier competidor del Clan Torres en las licitaciones para operar el Sicov.

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Este sistema juega un papel crucial en la definición de tarifas y regulaciones para servicios esenciales para los conductores en Colombia, impactando directamente en la transparencia y equidad del sector, así como en la seguridad vial y la integridad de los ciudadanos.

Además, la cobertura periodística ha ampliado la discusión al señalar otros contratos gubernamentales que han favorecido a empresas vinculadas al Clan Torres, sugiriendo una tendencia hacia la concentración de poder y recursos que podría comprometer la competencia leal y la eficiencia en los servicios públicos.

En respuesta a las críticas, el representante Luis Carlos Ochoa, ponente del proyecto, ha negado cualquier intención de beneficiar específicamente a cualquier grupo o entidad, incluido el Clan Torres. 

Ha afirmado que su participación busca promover la competencia y un ambiente de libre mercado, mencionando esfuerzos por modificar o eliminar artículos polémicos, como el mencionado artículo 15, para evitar barreras que impidan una participación equitativa en las licitaciones.

El debate se intensifica mientras el proyecto avanza en el legislativo, y Ochoa se muestra abierto al diálogo, planeando reuniones con empresarios y representantes de la Andi para revisar y posiblemente ajustar los aspectos controversiales del proyecto. 

La situación sigue evolucionando, y los ojos de la nación están puestos en cómo se desentrañará esta compleja trama política y económica que pone lupa a financistas electorales.
 

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