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La imputación de cargos contra Sergio Fajardo sigue en pie
Francisco Barbosa, Fiscal General de la nación respondió al candidato presidencial Sergio Fajardo que no hay posibilidad de realizar un comité técnico - jurídico en su caso
El fiscal argumenta que “La convocatoria de comités técnicos jurídicos es una facultad discrecional, en este caso, del fiscal general de la Nación, que se ejerce como instrumento interno de evaluación y seguimiento de ciertas investigaciones; tiene lugar por iniciativa de determinados funcionarios de la entidad y no mediante solicitudes de partes intervinientes, si bien estas pueden, en ejercicio del derecho fundamental de petición, solicitar que se estudió la viabilidad de conformarnos”,
“Por lo mismo, no es unescenario para el ejercicio del derecho de defensa técnica inmaterial, ni para controvertir el fundamento jurídico probatorio de la investigación y o de las decisiones que se tomen dentro de ella; Se ejerce, en virtud de los principios de unidad de gestión y jerarquía, siempre que, de acuerdo con el avance del caso, surjan problemas jurídicos de gran entidad, cerca de la legalidad sustantiva y probatoria de la actuación, de lo cual se desprende que se trata de una herramienta de uso excepcional; por todo lo anterior no existe un derecho de las partes intervinientes, ni de terceros con interés u otras personas, a la convocatoria de comités técnicos y jurídicos en Fiscalía General de la Nación”, añade el funcionario.
Fajardo es investigado por presuntas irregularidades que se encontraron en un contrato entre el departamento de Antioquía y el banco Corpbanca. De acuerdo con la fiscalía, el candidato Fajardo fue el ordenador del gasto, también firmó el contrato y el pagaré.
"Del mismo modo tenía responsabilidad y posición de garante en las decisiones administrativas relacionadas con este contrato. Dicho contrato implicó el desembolso de setenta y siete millones de dólares (USD $77.000.000) para realizar sustitución de deudas con otros bancos", agregó la Fiscalía.
Según las aclaraciones de la fiscalía, en el momento del empréstito el dólar se evaluaba en 1926 pesos en el 2015 el valor superaba los 3140 pesos por lo que la obligación contraída se tradujo en un presunto detrimento fiscal de 320,000 millones de pesos
Esto hizo que la deuda general del departamento de Antioquía aumentara y que, en su momento, pasó de 600,000 millones de pesos a 1.2 millones de pesos colombianos según el comunicado de la fiscalía.
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