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Juicio a Óscar Iván y David Zuluaga por Odebrecht: nombran fiscal y audiencia será el lunes 5 de febrero
Detalles del proceso, señalados de recibir millonarios recursos de la multinacional.
El próximo lunes 5 de febrero, donde se llevará a cabo la audiencia de acusación Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial, y su hijo David Zuluaga, quien desempeñó el papel de gerente de campaña durante las elecciones presidenciales de 2014.
Este proceso marca un punto de inflexión en las investigaciones que rodean el caso Odebrecht, una trama de corrupción que ha capturado la atención pública y suscitado un debate sobre la integridad en el financiamiento de campañas políticas.
La designación de Juan Martín Parada Arango como fiscal auxiliar para liderar este proceso ante el juzgado segundo penal especializado de Bogotá simboliza no solo la continuación de los esfuerzos judiciales en este caso de alto perfil, sino también la resiliencia del sistema judicial frente a los desafíos, incluyendo la reciente renuncia de Andrés Palencia Fajardo, quien se desempeñaba en la Fiscalía Décima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, debido a problemas de salud.
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La transición en la responsabilidad fiscal busca asegurar que el proceso contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga Martínez avance sin más demoras, enfocándose en acusaciones de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares, que han marcado este caso desde su inicio.
La implicación de la multinacional brasileña Odebrecht en la financiación de la campaña presidencial de Zuluaga en 2014, a través de un supuesto pago no declarado de 1.610.000 dólares destinado a cubrir los servicios del fallecido publicista ‘Duda’ Mendoça es el eje del proceso.
El proceso que ahora enfrentan Óscar Iván Zuluaga y su hijo destaca por su significado más allá de las acusaciones individuales, simbolizando un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades colombianas para restaurar la confianza en el sistema electoral y político del país.
La audiencia de acusación, inicialmente programada para diciembre del año pasado y posteriormente pospuesta, representa una oportunidad para que la justicia avance en uno de los casos más emblemáticos de corrupción en la historia reciente de Colombia.
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