Gustavo Bolívar enfrenta demanda en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por su nombramiento en el DPS

El nombramiento de Gustavo Bolívar como director del Departamento de Prosperidad Social (DPS) está en el centro de una controversia jurídica que podría poner en riesgo su continuidad en el cargo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia una tutela presentada por una ciudadana que cuestiona la idoneidad de Bolívar para ocupar este cargo, argumentando que no cumple con los requisitos establecidos para liderar la entidad.

La magistrada Ana Margoth Chamorro Benavides, encargada del caso, ha decidido prescindir del periodo probatorio al considerar que ya cuenta con las pruebas necesarias y anunció que emitirá una sentencia anticipada en los próximos días. 

Entre los puntos clave de la demanda se señala que Bolívar carece de estudios o experiencia relacionados con políticas públicas enfocadas en la superación de la pobreza, atención a grupos vulnerables y la reparación a víctimas, áreas centrales de la misión del DPS.

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La designación de Bolívar, realizada el 5 de marzo de 2024 por el presidente Gustavo Petro, también ha sido objeto de escrutinio por presuntas irregularidades. Según el tribunal, se investigará si el nombramiento constituye una desviación de poder, violación al derecho a la igualdad y si cumplió con los requisitos de publicidad establecidos en la normativa vigente.

En respuesta, Gustavo Bolívar solicitó desestimar la demanda, argumentando que su trayectoria como senador de la República lo califica para el cargo. 

“Me desempeñé como senador de la República, que da cuenta de mi conocimiento de lo público, donde presidí la comisión tercera, encargada de los temas de hacienda y crédito público, impuestos y contribuciones, exenciones tributarias, régimen monetario, normatividad sobre el Banco de la República”, explicó Bolívar en su defensa.

El DPS, por su parte, emitió un comunicado respaldando a su director, destacando que su experiencia legislativa le proporciona un amplio conocimiento en la estructura estatal y el desarrollo de políticas públicas. La Presidencia de la República también defendió la designación, señalando que fue realizada bajo la facultad discrecional otorgada al presidente por el artículo 189.1 de la Constitución Política.

En los próximos días, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca deberá resolver las peticiones acumuladas y emitir un fallo.

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