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Germán Vargas Lleras confirma que exsenador Arturo Char regresa al país tras orden de captura de Corte
En los próximos días retornará al país y se presentará ante l Corte Suprema
El otrora vicepresidente de la República y actual líder político del Partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, confirmó que el exsenador Arturo Char, envuelto en una nube de controversia y escándalos, está determinado a regresar a Colombia, desafiando la orden de captura internacional emitida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
Esta última se ha vuelto el epicentro de las miradas luego de la decisión que se tomó contra Char, vinculado a cargos graves como concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.
Esta decisión tiene sus raíces en el involucramiento de Char con la también excongresista Aida Merlano Rebolledo, una figura polémica cuyas acciones han generado un torrente de reacciones.
La sombra de estos acontecimientos ha oscurecido no solo la reputación de Char sino que también ha puesto en tela de juicio las dinámicas políticas tradicionales del departamento del Atlántico.
Álex Char, actual candidato a la alcaldía de Barranquilla y hermano del exsenador, ha sido una de las voces más fuertes en la defensa de Arturo Char. En una manifestación de solidaridad fraterna, se ha expresado abiertamente sobre su confianza en la capacidad de su hermano para demostrar su inocencia.
En un intento por apaciguar las turbulentas aguas de la opinión pública, Germán Vargas Lleras tomó la red social Twitter para expresar su apoyo a la decisión de Char de regresar al país y enfrentar cara a cara los cargos que se le imputan.
En su declaración, Vargas Lleras afirmó que el regreso de Char a Colombia es una "buena señal" para la aplicación adecuada de las leyes en este caso, posiblemente anticipando un impacto menor en la colectividad a medida que se aproximan las cruciales elecciones regionales del 29 de octubre.
El impacto potencial de este caso en las próximas elecciones no puede subestimarse. El partido Cambio Radical está en juego, con importantes ciudades clave pendiendo de un hilo.
En este contexto, las palabras de Vargas Lleras en su perfil de Twitter resuenan con un significado particular: "Celebro la decisión de @ArturoCharC de regresar al país y presentarse ante la Corte Suprema de Justicia. Seguro esto ayudará en su defensa y le permitirá probar su inocencia".
Char, quien sorpresivamente renunció a su curul el 6 de febrero de 2023, aparentemente para abordar este caso con una actitud más proactiva, se había retirado temporalmente a territorio norteamericano.
Sin embargo, tras el fallo, ha decidido volver y continuar con su defensa, mostrando una firme confianza en la solidez de su caso. En una declaración hecha en su perfil oficial, Char enfatizó su respeto por las autoridades judiciales y reafirmó su compromiso de demostrar su "absoluta inocencia".
Estas declaraciones llegan en un momento de tensiones crecientes, con acusaciones volando por todas partes. Char denunció específicamente las "mentiras" de Merlano, anticipando que la verdad saldrá a la luz no solo ante los jueces, sino también ante la opinión pública.
A medida que las piezas de este complicado rompecabezas comienzan a unirse, el público está ávido por respuestas. La Corte Suprema ha argumentado que Char estuvo involucrado en un acuerdo para orquestar una compra masiva de votos en el departamento del Atlántico en 2017, apenas cinco meses antes de las elecciones legislativas de marzo de 2018. Este supuesto esquema implicó no solo a Char sino también a Merlano, quien ha sido condenada en dos instancias por la Corte por estos actos de corrupción electoral.
Este presunto pacto corrupto, fraguado desde la sede política Casa Blanca, tenía como objetivo asegurar la elección de Merlano al Senado, así como la elección de su compañera de fórmula, Lilibeth Llinás Delgado, a la Cámara de Representantes.
Además, buscaba la reelección de Char, que posteriormente ascendió a la presidencia del Congreso, en su curul. Este ambicioso plan habría involucrado sumas de dinero exorbitantes, superando los $12.000 millones. La Corte Suprema tiene la última palabra.
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