Expresidente César Gaviria arremete contra presidente Gustavo Petro por corrupción y manejo de gobierno

El expresidente César Gaviria Trujillo, quien dirige el Partido Liberal, emitió un comunicado de diez páginas el jueves 18 de julio para expresar su preocupación sobre las acciones del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Gaviria denunció lo que considera conductas inapropiadas por parte de la actual administración, las cuales, según él, están llevando al país hacia una situación de desorden y mal manejo gubernamental.

El comunicado acusa a la administración de Petro de adoptar una postura casi monárquica, en la cual el presidente actúa como si controlara los tres poderes del Estado. Gaviria advirtió que estas acciones no serán toleradas indefinidamente y expresó su determinación de oponerse a estos abusos.

Además, el exmandatario criticó al presidente por su hostilidad hacia el sistema judicial, particularmente por amenazas de recortes presupuestarios y por desacreditar a los magistrados. Estas acciones, según Gaviria, constituyen un ataque a la independencia judicial, situación que no se había visto antes en el país.

En cuanto a la gestión gubernamental en áreas esenciales como la salud y la seguridad, Gaviria argumentó que se están tomando decisiones que podrían desmantelar el sistema de salud y que hay preocupaciones sobre la posible ineficacia de la reforma al sistema pensional, lo cual afectaría negativamente a los jóvenes y a las personas de ingresos medios.

El comunicado también destaca la existencia de varios escándalos de corrupción, incluyendo la desaparición de discos duros importantes y acusaciones de malversación de fondos en Colpensiones. Gaviria cuestionó cómo es posible que pruebas relacionadas con estos escándalos simplemente desaparezcan y criticó al presidente por intentar obstruir las investigaciones en estos casos.

Frente a esta situación, Gaviria propuso la formación de una coalición política para las elecciones presidenciales de 2026, buscando un candidato único capaz de restaurar la estabilidad y la democracia en Colombia. Esta propuesta incluye la formación de una alianza multipartidista dedicada a defender la Constitución y el Estado Social de Derecho.

La intención de Gaviria es que esta coalición permita la emergencia de nuevas figuras políticas independientes de las grandes maquinarias políticas, favoreciendo así la renovación política. Subrayó la importancia de que la decisión sobre esta coalición sea tomada en la convención del Partido Liberal en noviembre, sin interferencias del gobierno actual. Gaviria enfatizó su independencia del gobierno desde hace varios meses, pero reiteró que solo la convención puede aprobar formalmente la coalición multipartidista.

El Comunicado

“Declaración del expresidente Cesar Gavira Trujillo a propósito de la actualidad nacional. "Hay que ponerle freno a tanta destrucción, a tanto desgobierno y a tanta corrupción"

Detrás de una retórica pseudo-democrática, el país ha sido testigo de una serie de actitudes y decisiones autoritarias.

Nos enfrentamos a un presidente que se percibe a sí mismo como la cabeza de las tres ramas del Estado, casi como un emperador, rey o ser superior. Extrañamente, cree que toleraremos indefinidamente todos los abusos que está cometiendo. Pero se equivoca. Vamos a aguarle la fiesta a él y a su círculo cercano, como ya lo han hecho las altas cortes y los organismos de control.

La Corte Constitucional ha frenado decisiones manifiestamente violatorias de la Constitución. Lo mismo ha hecho el Consejo de Estado. Seguramente, la Corte Suprema de Justicia no permitirá que sigan ocurriendo tantos escándalos de corrupción en el corazón del poder ejecutivo. 

Es inadmisible que la reacción del presidente, quien se cree emperador, sea atacar a la justicia, amenazar con reducir su presupuesto y descalificar a los magistrados. 

El país no había presenciado ataques tan descarados e indignantes a la independencia judicial, bajo la excusa de que cualquier control al ejercicio del poder o cualquier sentencia que proteja la Constitución es un golpe blando. Decimos con toda firmeza que no lo es. 

Por el contrario, es el funcionamiento normal de las instituciones que incomodan a quien se siente un rey superior, que se dice ser el jefe del fiscal, que se niega a ejecutar las decisiones de la Procuraduría, que ataca a periodistas que lo critican y a medios que ejercen su función democrática con independencia, que no respeta la autonomia de los órganos de regulación, que desconoce la autonomía universitaria al tratar de imponer un rector en la Universidad Nacional, y que abusa de su poder para apabullar o desacreditar a quienes se atreven a disentir.

También es característico de quien se considera el jefe supremo desintegrar las instituciones, como ha ocurrido con la CREG, cuyos miembros aún no ha nombrado. 

Esto es inaudito al concluir el segundo año de gobierno, pero es coherente con la pretensión imperial de regular por decreto presidencial las tarifas de los servicios públicos, algo que el Consejo de Estado con razón impidió.

Detrás de una retórica pseudo-progresista, el país ha presenciado una serie de decisiones regresivas que perjudican al pueblo, especialmente a los más pobres y vulnerables. 

En lugar de promover reformas para avanzar y mejorar, como siempre ha abogado el Partido Liberal, el gobierno se ha empeñado en destruir las conquistas que beneficiaban a millones de colombianos. 

Está desmantelando el sistema de salud, tema al que volveré más adelante. Y el país ya empieza a preguntarse si la reforma al sistema pensional será un engaño que terminará perjudicando gravemente a los jóvenes y a las personas de ingresos medios, es decir, a millones de colombianos.

Este asunto está ahora en manos de la Corte Constitucional, y también me referiré a él más adelante. Además, las libertades más básicas no se pueden ejercer en muchos territorios porque los campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes han sido abandonados a la violencia de las organizaciones criminales en dichos territorios, donde el Estado no llega y donde la fuerza pública no la dejan actuar. 

El pésimo desempeño económico afecta gravemente a quienes no pueden obtener empleo y carecen de ahorros para subsistir, es decir, a los más pobres. 

Nunca antes el país había presenciado un éxodo tan grande de jóvenes y personas de escasos recursos hacia el exterior.

Detrás de una retórica de paz total, el país ha vivido una realidad de inseguridad, violencia y expansión de las organizaciones criminales a lo largo y ancho del territorio. 

¿Insistirá el gobierno en abandonar a la población civil y paralizar la acción de la fuerza pública? ¿Seguirá, encubiertamente, buscando formas de dar impunidad a las organizaciones criminales? ¿Continuará entregando porciones del territorio nacional, comprometiendo así la soberanía de nuestro país? ¿Se está proponiendo soterradamente destruir en los territorios las condiciones mínimas para que pueda haber elecciones libres en 2026?

Detrás de una retórica de cambio, el país ha tenido que soportar una serie de oprobiosos escándalos de corrupción.

El misterioso extravío de los discos duros de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, plantea serias dudas sobre la transparencia del gobierno. 

¿Cómo es posible que pruebas cruciales relacionadas con un escándalo de corrupción simplemente desaparezcan en la Casa de Nariño? ¿Es este un intento deliberado de ocultar la verdad?

Recientemente, la Fiscalía acusó a la segunda funcionaria en la jerarquía de Colpensiones por la desaparición de 10.000 millones de pesos. 

¿Adónde habrán ido esos recursos? ¿Será tan difícil saber su destino? Esa es una tarea que recae en la Contraloría General y, por supuesto, en la Corte Suprema de Justicia. 

Confiamos en que ninguna de estas instituciones le fallará a los colombianos y que tomarán decisiones para preservar los ahorros de los colombianos.

A este escándalo de corrupción se suman muchos otros. Los recursos destinados a atender los riesgos se han utilizado para comprar conciencias y votos. 

Los fondos para proveer agua a los niños de La Guajira se esfumaron en el escándalo de los carrotanques. El país todavía espera explicaciones sobre el origen y destino de tantos fajos de billetes en maletas y maletines encontrados en las casas de altos funcionarios del ejecutivo. 

También se esperan decisiones sobre la violación de los topes de la campaña del Pacto Histórico que llevaron a la elección del presidente Petro.

El presidente ha tratado de impedir que se esclarezcan estos escándalos. Por ejemplo, decidió que la Fiscalía no podía conceder un principio de oportunidad sin que se devolviera todo el dinero, algo que él sabe es imposible porque el dinero ya fue robado. 

Así, tomó control parcial sobre lo que el señor Olmedo podía decir. El principio de oportunidad es una función de la Fiscalía, y esta lo usa con su mejor criterio. Se trata de controlar de qué puede hablar el señor Olmedo. El gobierno cree que nadie del Pacto pueda ser investigado ni acusado o acusado. 

Todos los parlamentarios supuestamente implicados pertenecen a partidos distintos al Pacto. Entre ellos, Juan Gallo y Julián Peinado, congresistas nuestros que no han votado un solo proyecto del gobierno, han sido acusados con perversidad.

El señor Olmedo dice que los dineros para los proyectos mencionados, se los indicaron para pagos en dos oportunidades, pero finalmente no se giraron los dineros. 

Si el ministro de Hacienda no los giró, ¿de qué lo van a acusar? Están tratando de alcanzar una suma similar a la que se robaron desde la Unidad, pero que no lograron entregar. 

Con eso justifican la suma efectivamente robada de 209.000 millones de pesos. Nos quieren tomar por idiotas. ¿Acaso creen que van a engañar a la Corte Suprema de Justicia? No lo creo. 

Ella encontrará a dónde fueron a parar los recursos sustraídos del erario y quiénes son los responsables, empezando por la cabeza de la cartera de hacienda. 

Tampoco creo que la corte llegue a la conclusión de que ningún representante del Pacto participó en ese saqueo ni tiene alguna responsabilidad. Quieren que los colombianos veamos una obra de teatro en la que el presidente es el director de semejante opereta que encubre la corrupción que ha crecido campante en este gobierno.

Por supuesto, para proteger los recursos públicos, estamos esperando que el Contralor General emita una disposición que, de manera simple, diga que el Presupuesto General de la Nación es el que aprobó el Congreso. Y si desean modificarlo, que lo hagan conforme a las normas que señalan con toda claridad cómo se modifica el presupuesto. 

Aquello con lo que el gobierno y su clan sueñan es que en unas semanas revisarán si los recursos han sido ejecutados y podrán encontrarles usos alternativos. 

Esto no pasará de ser un sueño del círculo cercano al Presidente, y una pesadilla para toda Colombia.
Detrás de la retórica del "no me dejan gobernar", lo que realmente ha sucedido es que el gobierno ha logrado propiciar conflictos, inestabilidad y caos. 

El gobierno ha dejado el campo abierto a organizaciones criminales, ha avanzado en su empeño de aislar a Colombia y ha permitido que la corrupción reine. ¿Así entiende el presidente Petro la responsabilidad de gobernar? 

En el Congreso ha aprobado algunas reformas a trancazos, sin respetar el procedimiento legislativo.

Esperaremos con paciencia que la Corte Constitucional revise los posibles procedimientos violados para la aprobación el nuevo estatuto pensional, como ya han alegado distinguidos juristas.

Hablaré ahora del destruido sistema de salud. Hubo un fallo de la Corte Constitucional del 24 de noviembre que dice que las EPS pueden tener ánimo de lucro y que se les deben pagar las deudas en 45 días. 

El gobierno lo ignoró. El cálculo de la UPC (Unidad de Pago por Capitación) debe corregirse porque, después de la pandemia, los costos de la salud han aumentado significativamente y el gobierno lo ignora deliberadamente. 

En cuanto a las enfermedades especiales, el gobierno dice que las deben pagar las EPS que ya quebraron, como anunció la ministra Corcho que debía ocurrir. Primero colapsar el sistema, es decir, quebrar las EPS, y después el gobierno tomaría medidas para atender a los pacientes. 

Y hoy, el sistema gira solo parcialmente a las IPS, las más cercanas al gobierno, sumas que no sabemos cómo se establecen. ¿Será solo por intrigas o hay algún criterio? ¿Van a quebrar las IPS como quebraron a las EPS?

Las personas adineradas y de clase media alta optarán por pólizas privadas. Ya todos los contratos de las clínicas con las EPS han sido cancelados.

El presidente sigue hablando de que va a hacer un acuerdo político para reformar el sistema de salud. Tendría que hacerlo a partir del fallo de la Corte Constitucional y de la determinación de la Comisión Séptima del Senado. El gobierno cree que puede ignorar todos los fallos de las Cortes y las decisiones del Congreso. No se lo vamos a permitir.

Destruyeron el sistema de salud, como muy expresamente nos lo anunció la ministra Corcho, y esa fue la última vez que asistí a la Casa de Nariño. 

Por mi iniciativa, los tres partidos que habíamos preparado una reforma al sistema de salud visitamos al presidente Petro, quien al principio demostró toda la voluntad de contribuir a que el sistema de salud llegara más a la periferia mediante puestos de salud que apoyarían tal propósito. 

Pero pronto llegó la polarización promovida por la ministra Corcho, quien expresamente dijo que el sistema debía colapsar y luego el Estado tomaría las decisiones para atender a los pacientes.

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Se contentaron con quebrar las EPS y, cuando aparecen los enfermos especiales, dicen que es obligación de las EPS atenderlos, aunque ya saben que las quebraron. Empresas como Sura, un verdadero emporio empresarial, perdieron la totalidad de su capital en un ejercicio fiscal.

Hay que ponerle freno a tanta destrucción, a tanto desgobierno y a tanta corrupción.

Lo que proponemos es una unión de todas las fuerzas políticas para defender la Constitución, el Estado Social de Derecho y la democracia, con miras a que en las elecciones parlamentarias de 2026 se escoja un candidato único por consulta popular. Que nadie lo dude: en las elecciones de 2026 vamos a elegir un presidente que recuperará la Colombia que recibiremos del supuesto emperador, quien ha dado un ejemplo desastroso de desgobierno.

Se trata de que figuras jóvenes puedan aspirar sin tener detrás grandes maquinarias políticas y que sea la opinión la que las mida para sacar al país de la postración en la que lo dejará el presidente Petro, quien ahora anda con el propósito de sacar adelante una constituyente para compensar los grandes vacíos políticos de su gobierno. Nunca tuvo la voluntad de conciliar. 

El presidente habla de poder constituyente, mientras que su ministro del Interior habla de asamblea constituyente. 

El ministro anuncia acuerdos nacionales para ese efecto, mientras que el presidente unilateralmente fija por Twitter la agenda de temas. La idea de la constituyente no logrará borrar la realidad del desgobierno, la ausencia de medidas efectivas y obras concretas en beneficio de los más necesitados, y mucho menos los escándalos de corrupción. 

La idea de la constituyente parece ser otro ejercicio de burla y manipulación del pueblo por un presidente que se cree ungido de superioridad para tapar los desastres del desgobierno. 

Es el camino fácil, pero es el camino de la desilusión de millones de colombianos que esperaban un cambio real, material y concreto que mejorara sus vidas ahora, en el presente, no en un futuro remoto y eventual.

De lo que se trata hoy no es de unir partidos, sino fuerzas políticas. Dar la oportunidad de que surjan nuevos dirigentes, ver caras nuevas, abrir espacios a la renovación. El candidato que escojamos por consulta popular en las elecciones parlamentarias de 2026 le ganara con creces al de las fuerzas políticas que acompañan al presidente Petro en su intención de prolongar en el tiempo su proyecto político.

Trabajaré sin descanso para crear un mecanismo que defina quién puede ser candidato y quién no, y aunque es un tema difícil, dado el propósito, va a ser posible.

No serán candidaturas únicas de partidos. Desde luego, no podemos impedir que los partidos apoyen a uno u otro candidato, pero ningún jefe de partido podrá impedir que alguien más aspire, porque será el pueblo en la consulta quien apoye a los que quieren ser candidatos y, finalmente, escoja al candidato de la unión en defensa de la Constitución, el Estado Social de Derecho y la democracia.

Esto no impide que cada partido impulse sus ideas y sus programas. El Partido Liberal así lo hará. Se equivoca el presidente Petro si cree que le vamos a permitir que nos arrebate las banderas liberales y que puede intentar apropiarse de la historia de los logros democráticos y conquistas sociales del Partido Liberal.

En la convención del partido, que se realizará en el mes de noviembre, propondré una coalición multipartidista. Hemos esperado hasta noviembre porque no se han girado los recursos asignados por la ley para el funcionamiento del Partido. ¿Acaso es un propósito deliberado del gobierno para quitar un estorbo a esa autoridad omnímoda del presidente Petro? 

La plata la tiene que girar el Ministro de Hacienda, y hoy es muy difícil de asignar de repartir porque la mayor parte de las fuerzas políticas ha aprobado el Consejo Electoral, con normas que desconozco, No tienen siquiera bancadas. El ministro de Hacienda no se ha preocupado por reservar recursos para ese propósito, que es el que garantiza que habrá elecciones.

El año pasado, hubo una noticia de prensa informando que teníamos que convocar una convención, esperamos que nos la comunicaran y eso nunca ocurrió. Nos protege una sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe a cualquier organismo estatal interferir en nuestras decisiones. 

Ya habíamos sido víctimas de fallos de Secciones del Consejo de Estado, y no precisamente de la sección quinta, que hicieron suspender un congreso en pleno desarrollo. Eso no va más. Por iniciativa de la sección quinta del Consejo de Estado, se falló a nuestro favor, en coincidencia con la sentencia de la Corte Constitucional. 

Por lo tanto, ninguna otra organización estatal podrá interrumpir nuestros congresos ni interferir en nuestras decisiones. He tomado decisiones que me son propias como director y soy independiente del gobierno desde hace muchos meses, pero la decisión de la coalición multipartidista solo la podrá aprobar la convención. 

Adecuaremos nuestros estatutos conforme a las facultades que nos otorgaron tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado para que la convención pueda cumplir sus propósitos.

El año pasado ya habíamos puesto en marcha el mecanismo de elección de delegados cuando ocurrieron dos decisiones de una de nuestras bancadas. Tanto senadores como representantes opinaron que estábamos en un año electoral y era muy difícil y contraproducente hacer una convención en pleno certamen electoral. 

Además, presupuestalmente tales gastos no estaban financiados. La otra fue una insólita noticia de prensa según la cual teníamos que hacer una convención, supuestamente porque así se habia contemplado en el acuerdo que se hizo con las FARC, el cual estipulaba nuevas reglas, que luego ignoraron.

Ahora, en temas de política exterior, la Comisión Asesora de Relaciones no siguió los consejos del presidente Petro de romper las relaciones con Israel. Hoy, solo Irán y Colombia mantienen esa política antisemita y descabellada. Todo nuestro equipo militar es israelí y no hay manera de defendernos si no reparamos nuestros Kfir y fortalecemos nuestra inteligencia.

Es relevante cuestionar si el gobierno, a pesar de su cercanía con el régimen de Nicolás Maduro, estará dispuesto a defender los resultados de las elecciones en Venezuela. Aunque la cancillería se ha alineado como observadora electoral en el proceso venezolano, también ha expresado preocupación por la necesidad de que las elecciones sean “libres, justas y competitivas”. 

Esto es especialmente preocupante dado que el mismo régimen ha desatado el pánico al afirmar que, si pierden, habrá ríos de sangre en el vecino país.

El presidente Petro olvidó mencionar en Naciones Unidas que Pierre García Jacquier, quien fue el director de Prosperidad Social hasta julio de 2022, estuvo involucrado en un escándalo de corrupción que afectó a la institución. 

Durante su gestión, se descubrió que más de 22 mil millones de pesos (aproximadamente 5.8 millones de dólares) de varios programas sociales terminaron en manos equivocadas, incluyendo recursos del acuerdo de paz, que donde el presidente parece ser el menos interesado en impulsar.

Es la Corte la que puede decidir y no el presidente, ya que él no tiene esa facultad. Discutamos en el Congreso el Estatuto de Sometimiento. Pero el Clan del Golfo solo se burla del gobierno. Al Consejero de Paz, Otty Patiño, solo le interesa que investiguen a los oficiales del ejército y la policía que inicien operativos que trastornen su política de entregarle el país a los delincuentes. 

Además, es él quien está otorgando, frente al gobierno de los Estados Unidos, los certificados de quien está participando en un proceso de paz para ser merecedor de una visa, y así retrasan las visas a ciudadanos de bien por lo menos por dos años, lo que viene ocurriendo sistemáticamente. 

Él es quien, en nombre del gobierno de Colombia, da certificados de buena conducta y antecedentes judiciales. Resultó peor que el anterior Consejero de Paz, que sí se reunió con el hijo del presidente para hacer un tratado de perdón social o ley de punto final que el gobierno espera nos traiga la paz. 

La ley de punto final exime de responsabilidades penales a todos aquellos que la justicia colombiana haya condenado. No creo que la justicia restaurativa se pueda convertir en esa monstruosa política.

No queremos hacer una oposición sistemática. Es necesario tender puentes y facilitar espacios. Un acuerdo político debe asegurar que se respetarán los fallos de las cortes y de los organismos de control, y claro, la Constitución. Yo viví el proceso de la Constituyente del 91. Algo tengo que aportar a ese tema.

Hay que cambiar las instituciones, nada de inmovilismo ni verdades absolutas. Petro aún pretende que los servicios públicos solo puedan ser prestados por empresas públicas. Se está preparando para presentar un proyecto sobre cuyos lineamientos posibles se pronunció el Consejo de Estado el año pasado. No sabemos si los argumentos del Consejo de Estado le importen al Jefe del Estado. 

Es la primera vez que un alto tribunal falla sin que medie una demanda Quisiera hablar de una experiencia de la pasada campaña, donde prevaleció la idea de que la política es sucia y con ello alejaron de la política a muchos empresarios jóvenes y también a jóvenes que se quieren formar por la vía de la inteligencia artificial para crear empresas que se conecten con los sectores aún dinámicos de la economía internacional. 

He aprendido, después de leer bastante historia universal, que donde hay plata y poder, hay corrupción. Eso nos lo enseña la historia universal. Claro que la política se puede usar para esa cadena de saqueos y robos que no podemos seguir callando. 

Pero la política se puede y debe usar para solucionar problemas, mejorar las condiciones de vida de las personas e introducir innovaciones en las instituciones; así lo creía Luis Carlos Galán. Sobre ello, publicaré con Planeta un libro, en donde explicaré cómo sacrificó su vida para dejarnos enseñanzas que se concretaron en la Constitución de 1991.

Estoy dispuesto a aspirar a la dirección del Partido Liberal si es que la convención acepta la idea de la coalición multipartidista.

Cesar Gaviria Trujillo

Expresidente de Colombia Director del Partido Liberal Colombiano”.

 

 

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