Defensora del pueblo cuestiona a gobierno por nombrar exjefes de guerrilla y AUC gestores de paz

A propósito de la decisión de la JEP de imputar como responsables de reclutamiento a seis exintegrantes del Secretariado de las Farc, el aumento de este delito en el país y la designación de exparamilitares como gestores de paz, la Defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz hizo un llamado a analizar estos hechos desde una sola óptica: ¿qué significa hoy garantizar el derecho a la paz para los territorios con un enfoque centrado en los derechos de las víctimas?

En lo que va corrido del año, la Defensoría del Pueblo ha registrado el reclutamiento de 282 niños, niñas y adolescentes, más del 50% son indígenas y el 35% niñas y adolescentes mujeres.

El conocimiento de desvinculaciones y rescates que no tenía registrados la entidad de derechos humanos demuestra cada día que el subregistro es muy alto.

La JEP imputó a seis exintegrantes del Secretariado de las extintas Farc como responsables de crímenes de guerra relacionados con el reclutamiento y la utilización de más de 18.000 niños, niñas y adolescentes entre 1971 y 2016.

El periodo en que se registraron más hechos fue entre el 96 y el 2016. Durante el reclutamiento, niñas, niños y adolescentes sufrieron violencias sexuales, y por prejuicio, quienes formaban parte de la población LGBTIQ+.

Cinco pueblos indígenas fueron reconocidos como víctimas de estos hechos. El trabajo de la Sala de Reconocimiento de la JEP ayuda a entender más la magnitud del daño que el conflicto armado ha dejado a la infancia y adolescencia.

Lea también (Juan Daniel Oviedo confirma su candidatura presidencial para 2026)

Dudas sobre los gestores de paz

Paralelamente a la imputación, el Gobierno nacional anunció el nombramiento como gestores de paz a 18 exjefes paramilitares para que aporten «al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales».

Entre los nuevos gestores hay máximos responsables de los crímenes cometidos por el paramilitarismo, como crímenes de guerra y de lesa humanidad condenables, no
solo en el ámbito interno sino en el internacional. Algunos de ellos se acogieron a Justicia y Paz y fueron excluidos por continuar delinquiendo.

Parece positivo que contribuyan a finalizar las guerras que subsisten en Colombia porque tienen una deuda enorme con las víctimas y la sociedad: algunos de los grupos armados de hoy son herederos del paramilitarismo que en su momento no se desmovilizaron, o que reincidieron.

Sin embargo, quedan algunas dudas. “¿Por qué esta vez sí podemos confiar en que van a contribuir a la paz si en el pasado no lo han hecho? ¿Por qué llamar hoy ‘gestores de paz’ a quienes han sido gestores de guerra y hoy están privados de la libertad después de haber reincidido? ¿Qué mensaje les enviamos hoy a quienes están cometiendo delitos de gravedad comparables a los que ellos cometieron en el pasado?”, se pregunta la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Frente a este hecho puntual, la Defensora del Pueblo señala tres asuntos que deben tenerse en cuenta para evitar que estas gestorías de paz sean usadas para posibles
reincidencias:

1. La Resolución señala que el reconocimiento como gestores de paz no modifica su situación jurídica ni su régimen de libertad y tampoco conlleva beneficios judiciales.

Esto es importante, pues la prevalencia de la justicia y las garantías de no repetición se reflejan en el cumplimiento de las penas por las que se encuentran privados de la libertad. Es esencial que una decisión del Gobierno no deshaga lo que la justicia ha logrado.

2. Sería conveniente que la gestoría se desarrolle con base en un plan de trabajo muy preciso y público, que pueda ser objeto de monitoreo, para evitar cualquier riesgo que desvíe la labor que se les solicita.

3. Las designaciones deben incluir un compromiso claro con la verdad, la justicia y la reparación hacia las víctimas. Los gestores de paz deben reconocer públicamente su responsabilidad en condiciones en que no sean puestos simbólicamente en la posición de que están “ayudando”, sino en la de responsables que hoy se encuentran bajo estricta supervisión judicial: con la cabeza gacha ante la justicia y ante las víctimas. Ellos no son ni pueden ser vistos como referentes morales de la construcción de paz.

La paz y los derechos de las víctimas

La paz no puede construirse sobre el desconocimiento de los derechos de las víctimas, especialmente de los derechos de las niñas, los niños, adolescentes y mujeres.

Defender el derecho a la paz significa respaldar las decisiones de justicia transicional que han establecido responsabilidades o avanzan en ello.

En consecuencia, cabe exigir que quienes se desmovilizaron y sometieron a procesos de justicia transicional asuman las consecuencias penales y de todo orden por su incumplimiento.

“Si queremos que quienes cometen crímenes hoy dejen de delinquir por los diálogos de paz, debemos exigir el cumplimiento de sus compromisos a quienes les dimos la oportunidad de paz en el pasado. Se los debemos a las víctimas de ayer y a las de hoy”, manifestó la Defensora Iris Marín Ortiz.

Otras noticias: