Cuestionan a CNE tras entrega de contratos por $22.000 millones y beneficios a partido político 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra en el centro de una controversia debido a la asignación de contratos directos por un valor de 22.000 millones de pesos a la Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle. 

Este hecho ha suscitado preocupaciones sobre posibles vínculos inapropiados entre ciertas figuras políticas y la entidad contratante, en un momento crítico en que se evalúa la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. 

La investigación de El Espectador revela que los magistrados del CNE están revisando una ponencia que podría dar lugar a acusaciones formales contra la campaña por financiamiento con fuentes no permitidas y exceder los límites de gastos, lo que tiene un peso considerable en el contexto político hacia las elecciones de 2026.

La asignación de estos contratos surge en un periodo en que el CNE ha luchado por su independencia administrativa de la Registraduría, especialmente después de la aprobación de un presupuesto exclusivo para su financiamiento por el Plan Nacional de Desarrollo y varias resoluciones del Ministerio de Hacienda.

El primer contrato, firmado el 1 de diciembre de 2023 por 11.000 millones de pesos, se otorgó directamente a la Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle para desarrollar una infraestructura tecnológica independiente. 

Este contrato fue el resultado de un proceso en el que participaron tres empresas, y la oferta de la firma pública fue la más económica. Diez días después, se firmó un segundo contrato por 10.999 millones de pesos que se extenderá hasta diciembre de 2024. Ambos contratos tienen como objetivo disminuir la dependencia tecnológica del CNE de la Registraduría.

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Las dudas sobre estos contratos no solo se centran en la independencia tecnológica, sino también en las conexiones políticas de los involucrados en la firma de los contratos, incluidos Maritza Martínez, presidenta actual del CNE y exsenadora del Partido de la U, y Alfonso Campo, anterior presidente del Partido Conservador.

Señala el medio que Gustavo Lozano Ferro, director de la Oficina de Tecnologías de la Información del CNE y exmiembro del Partido de la U, jugó un papel clave en la estructuración de los contratos. 

Además, la influencia de figuras del Partido de la U en la junta directiva de la Empresa de Recursos Tecnológicos del Valle, una empresa pública controlada por la Gobernación del Valle, ha llevado a cuestionamientos sobre la idoneidad y la transparencia de la adjudicación de estos contratos.

Este caso se complica con las conexiones familiares y políticas en la junta directiva de la empresa, incluyendo a Henry Posada Torres, quien tiene vínculos familiares con la exgobernadora Clara Luz Roldán, y a Manuel Torres Moreno, exdiputado del Valle del Partido de la U. 

Además, la empresa ha sido criticada por su capacidad de gestión y las prácticas de subcontratación en contratos anteriores, lo que plantea preguntas sobre su capacidad para manejar grandes proyectos.

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