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Corrupción: dineros de UNGRD en campañas de María Clara Name y Gabriel Calle, según Corte Suprema
Argumentos del máximo tribunal de la justicia penal al abrir investigación contra Iván Name expresidente del Senado y Andrés Calle de la Cámara.
La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, en relación con un presunto caso de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD.
Según documentos judiciales, los fondos desviados habrían sido utilizados para financiar campañas políticas de familiares de ambos congresistas.
En el auto emitido por la Corte, el magistrado Francisco Farfán señaló que existen indicios suficientes para considerar que los hechos reportados efectivamente ocurrieron.
Testimonios clave de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla apuntan a que Name y Calle habrían recibido 4.000 millones de pesos, destinados a apoyar la agenda legislativa del gobierno en curso.
El testimonio de López, respaldado por mensajes y otros documentos, sugiere que el desvío de fondos no solo favoreció intereses particulares, sino también objetivos electorales.
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Parte de estos recursos se habrían destinado a financiar las campañas de María Clara Name Ramírez al Concejo de Bogotá, hija de Iván Name, y de Gabriel Enrique Calle Aguas, candidato a la Gobernación de Córdoba, y Gabriel Alberto Calle Demoya, candidato a la alcaldía de Montelíbano, ambos familiares de Andrés Calle.
Un detalle relevante del expediente describe una reunión en septiembre de 2023 en el hotel Tequendama Suites, donde participaron Sandra Ortiz, exconsejera presidencial y considerada como intermediaria en el caso; Iván Name; y Olmedo López.
Según López, en esta reunión se reafirmó el compromiso de apoyo financiero para la campaña de María Clara Name. La relación entre Name y Ortiz es descrita como cercana, aspecto que la Corte ha considerado en su análisis.
El caso también involucra la posible participación de Carlos Ramón González, quien dirigía el Departamento Administrativo de la Presidencia en el momento de los hechos.
La investigación incluye declaraciones de diversos exfuncionarios y un estudio de georreferenciación para verificar las ubicaciones de los implicados, así como grabaciones de cámaras de seguridad del hotel Tequendama, con el objetivo de corroborar la versión de los testigos.
W Radio reveló que la Corte estaría preparando una ampliación de la investigación, en la que se incluirían a otros posibles involucrados en la estructura de desvío de recursos. La investigación busca esclarecer responsabilidades y establecer si los fondos públicos destinados a atender emergencias en el país fueron utilizados para beneficiar intereses personales y políticos.
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