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Consejo de Estado admite tutela por transmisión de consejos de ministros en horario prime
Ciudadana caleña demanda a la Presidencia por la retransmisión de reuniones ministeriales en canales privados, argumentando vulneración al derecho de elección de contenido televisivo.
El Consejo de Estado admitió una tutela interpuesta por la abogada caleña María Cristina Cuéllar en contra de la Presidencia de la República. La acción legal surge a raíz de la retransmisión de los consejos de ministros en televisión nacional durante horarios de alta audiencia, lo que, según la demandante, afecta el derecho de los ciudadanos a elegir libremente el contenido televisivo que desean consumir.
La polémica se reavivó la noche del miércoles 26 de marzo, cuando se retransmitió el consejo de ministros realizado el día anterior, coincidiendo con la jornada de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial. Durante más de dos horas, los principales canales privados del país –Caracol Televisión, RCN y Canal Uno– emitieron la reunión ministerial en cumplimiento de la orden presidencial.
Canales privados, parte del proceso legal
La decisión del Consejo de Estado de admitir la tutela ha generado debate, especialmente porque en el trámite se ha vinculado como terceros interesados a los principales canales privados del país. Estas cadenas han visto afectada su programación habitual, en especial los noticieros y espacios de entretenimiento en horario estelar, debido a la transmisión de estas reuniones gubernamentales.
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Los canales mencionados deberán presentar su postura frente a la demanda y argumentar si consideran que la retransmisión de estos eventos les genera afectaciones económicas o vulnera sus derechos como medios de comunicación privados.
¿Se extralimita el Gobierno en el uso de la televisión nacional?
El punto central de la discusión radica en la interpretación y aplicación de la Ley 182 de 1995, que permite al presidente de la República hacer uso de los servicios de televisión para comunicarse con la ciudadanía. Sin embargo, en 2021, la Corte Constitucional limitó esta facultad al eliminar el apartado que permitía su uso sin restricciones, debido a preocupaciones sobre posibles abusos de esta medida.
Adicionalmente, la Ley 63 de 1923, que regula los consejos de ministros, establece que las deliberaciones de estas reuniones deben ser reservadas para evitar comprometer estrategias gubernamentales. Esto ha generado dudas sobre la legalidad de su divulgación en televisión nacional.
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