Congresista David Racero: develan contratos en favor de donantes de su campaña, entre estos su tío

Una reciente investigación de Daniel Briceño, concejal electo de Bogotá, ha sacado a la luz una serie de contratos otorgados a donantes de la campaña de José Luis Mayorca, tío del congresista David Racero, durante el periodo en el que Racero presidió la Cámara de Representantes (2022-2023). 

Estos hallazgos, divulgados a través de la red social X, han suscitado interrogantes sobre la ética y la transparencia en la gestión de contratos públicos.

La indagación detalla que Liliam María Torres Felizola, una de las donantes, obtuvo dos contratos con la Presidencia de la Cámara, sumando un total de $54.300.000. 

Los informes indican que su rol consistía en realizar pedagogía ciudadana, con actividades concentradas principalmente en Valledupar, zona de influencia política del tío del representante Racero. 

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Además, se menciona la conexión de Torres Felizola con el Centro Nacional de Oncología S.A., empresa que, según reportes, adeuda pagos a médicos oncólogos y tiene vínculos con el tío del congresista.

Saira Medina Trujillo, otra donante mencionada en la investigación, recibió un contrato de cuatro meses con la Presidencia de la Cámara. 

Su responsabilidad incluía la comunicación con la ciudadanía a través de WhatsApp y correo electrónico. 

Por otra parte, María Eloisa Araujo Morón, la tercera donante, fue contratada para asesorar en temas de política económica relacionados con los procesos legislativos.

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La publicación de Briceño plantea dudas sobre el manejo de los contratos y la posible existencia de un conflicto de intereses, cuestionando la integridad de las prácticas contractuales bajo la administración de Racero. 

Además, Briceño critica el presunto "doble rasero" del congresista, sugiriendo una posible inconsistencia en su discurso político frente a prácticas similares en otros contextos políticos.

En otro orden de ideas, Briceño también señaló preocupaciones sobre la gestión de recursos en el recién creado Ministerio de la Igualdad. 

Según su declaración, la mayor parte de la contratación de este ministerio se realizará evitando licitaciones públicas, a través del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial. 

Este fondo, de régimen de contratación de derecho privado, ha generado alertas sobre la transparencia y la legalidad en la asignación de contratos gubernamentales.

Al respecto, Racero no se ha pronunciado aún.

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