Cartel de la Toga: Procuraduría destituye al exrepresentante Nilton Córdoba

Por entregar $200 millones al magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Andrés Ruiz, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 15 años al exrepresentante a la Cámara, Nilton Córdoba, que buscaba ser favorecido en dos procesos penales, en el denominado 'Cartel de la Toga'.

En fallo de primera instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular encontró que el excongresista entregó dinero a un funcionario judicial del despacho del magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández, con el fin de evitar una orden de captura en su contra.

La conducta del entonces congresista fue reseñada por su defensa, Gustavo Moreno, en el proceso penal donde se investigó la actuación irregular de diferentes funcionarios judiciales, en lo que se ha denominado como el 'cartel de la toga'.

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El Alto Tribunal investigaba a Nilton Córdoba por irregularidades en la construcción de la alcaldía de Medio Baudó, Chocó, y por presunto lavado de activos en actividades de explotación de oro y platino, cuando se desempeñó como alcalde del municipio.

Para el órgano de control, al entregar esa suma de dinero el exparlamentario "quebrantó sus deberes funcionales al no actuar conforme al marco normativo y acorde con la majestad de su investidura, vulnerando el principio de moralidad que regula la función administrativa, sin justificación alguna en su proceder".

Agregó que con su conducta demostró un desprecio total por la ética y la honradez que deben guiar el ejercicio de la función pública, "más aún si se trata de un servidor elegido por voto popular, de quien la sociedad espera un comportamiento libre de mácula, transparente y correcto".

Finalmente, el Ministerio Público precisó que el excongresista tenía pleno conocimiento de que entregar sumas de dinero a servidores públicos para obtener beneficios es un comportamiento que se encuentra prohibido y constituye un delito que es castigado por la ley penal. 

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