Amplían denuncia contra Ricardo Bonilla ministro de Hacienda por dobles pagos de nómina

La senadora Paola Holguín del partido Centro Democrático asistió a la Fiscalía General de la Nación para presentar más pruebas y reafirmar la denuncia inicial contra Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público. 

La acusación se centra en los pagos excesivos, duplicados e incluso triplicados de salarios a servidores públicos durante el año pasado. 

El proceso fue llevado a cabo a instancias de un fiscal delegado por la Corte Suprema de Justicia, quien investiga a Bonilla por su posible implicación en el delito de peculado culposo.

La senadora manifestó que la acusación original se basa en pagos indebidos realizados el 24 de noviembre de 2023 a aproximadamente 180,000 empleados del sector público. 

Durante la sesión, Holguín entregó respuestas a varios derechos de petición que había solicitado al Ministerio de Hacienda, donde se reconoce un error inicial en el desembolso de fondos por más de 665,000 millones de pesos. 

También presentó un informe adicional indicando que la cantidad de dinero aún por recuperar supera los $50.000 millones de pesos.

Holguín explicó que proporcionó evidencia adicional sobre los derechos de petición previamente solicitados al ministerio, con el fin de determinar los responsables y el monto total de fondos no recuperados, así como el impacto financiero causado al no pagar intereses sobre los montos que se debían mantener en el Tesoro Nacional.

Además, señaló que la Contraloría General de la República ha iniciado un proceso de responsabilidad fiscal contra el ministro y otros funcionarios por un daño patrimonial que asciende a 1.624 millones de pesos. Este perjuicio se relaciona con los intereses que el Banco de la República dejó de recibir.

Finalmente, Holguín criticó la decisión del Congreso de aprobar un nuevo límite de endeudamiento para el ministro, que asciende a US$17,000 millones, cuestionando la falta de un plan específico para el recorte de gastos o la asignación precisa de estos recursos públicos, lo que calificó como una recompensa a la gestión irresponsable.

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