14 exministros alertan a presidente Gustavo Petro sobre crisis en electrificadoras

Un grupo de 14 exministros de Hacienda y de Minas y Energía ha enviado una carta al presidente Gustavo Petro, en la que expresan su preocupación por la posible crisis energética en Colombia debido a los problemas financieros que enfrentan las electrificadoras. 

La carta lleva las firmas de Amylcar Acosta, Germán Arce, Carlos Caballero, Mauricio Cárdenas, Tomás González, Luisa Lafaurie, Carlos Martínez, Luis Ernesto Mejía, Diego Mesa, Federico Renjifo, Juan Camilo Restrepo, Carlos Rodado, María Fernanda Suárez y Ramiro Valencia.

En respuesta, el presidente Gustavo Petro, aunque responsabilizó al Gobierno anterior de los problemas financieros de las electrificadoras, anunció que se destinarán recursos de Findeter para proporcionar préstamos a las comercializadoras.

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"La opción tarifaria que ha generado las dificultades financieras en el sector de las comercializadoras, la mayoría de las cuales son públicas, fue establecida por el Gobierno anterior. Este Gobierno utilizará los recursos de Findeter para otorgar préstamos a las comercializadoras", dijo Petro en sus redes sociales.

El presidente Petro también mencionó que los $5 billones otorgados como alivio en las tarifas de energía durante la pandemia nunca debieron haber sido considerados como deuda. Esta deuda ahora es asumida por las comercializadoras en lugar de las generadoras. Propuso prestar recursos a las comercializadoras con fondos de Findeter y ajustar las tarifas de las generadoras para pagar la deuda, beneficiando a las comercializadoras y a los usuarios.

En la misiva, se advierte sobre la difícil situación financiera de 17 comercializadoras que atienden casi el 40% de la demanda comercial del país y cómo esto podría afectar a otras 19 entidades adicionales y generar deudas en la bolsa de energía por $827 mil millones. También señalan la amenaza de un posible Fenómeno de El Niño, que podría agravar la crisis.

Los exministros cuestionaron si las autoridades, como la Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio de Hacienda, están preparadas para intervenir en las comercializadoras sin comprometer la calidad del servicio y sin afectar la regla fiscal. Recordaron la intervención de Electricaribe en 2019, que tuvo consecuencias negativas en el recaudo, las pérdidas y los costos fiscales.

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