Vicepresidenta amenaza con asesinar a presidente

La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, realizó declaraciones públicas en las que aseguró haber contratado a un asesino para eliminar al presidente Ferdinand Marcos Jr., a su esposa, y al presidente de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez, en caso de que ella sea asesinada. Este pronunciamiento, que la funcionaria enfatizó como no ser una broma, provocó una respuesta inmediata de las autoridades nacionales.

El secretario ejecutivo, Lucas Bersamin, informó que la amenaza fue remitida al Comando de Seguridad Presidencial para su evaluación y acción inmediata. El organismo, encargado de la protección del presidente y su familia, intensificó las medidas de seguridad al considerar las declaraciones de la vicepresidenta como una cuestión de seguridad nacional. También comunicó que está colaborando con las fuerzas del orden para prevenir cualquier posible atentado.

Más tarde, Duterte intentó restar gravedad a sus palabras al declarar que no eran una amenaza real, sino una expresión de preocupación por su propia seguridad. En un diálogo con la prensa, cuestionó si manifestar inquietudes sobre su seguridad personal podría interpretarse como un intento de amenaza hacia el presidente. “¿Por qué lo haría si no es por venganza después de mi muerte? No tengo razones ni beneficio alguno en ello”, afirmó.

El contexto de estas declaraciones surge en medio de tensiones políticas entre la vicepresidenta y el presidente Marcos, quienes inicialmente se postularon como compañeros de fórmula en las elecciones de 2022.

Aunque obtuvieron una victoria significativa bajo una campaña orientada hacia la unidad, las diferencias ideológicas y estratégicas rápidamente fracturaron su alianza. Entre los puntos de discordia destaca su enfoque hacia las acciones de China en el mar de la China Meridional.

Duterte, quien renunció en junio a su cargo en el gabinete como secretaria de Educación y líder de un comité antiinsurgencia, ha acusado a Marcos y sus aliados de corrupción, incompetencia y persecución política.

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Estos señalamientos se intensificaron luego de la detención de Zuleika Lopez, jefa de despacho de la vicepresidenta, quien fue acusada de obstruir una investigación congresional sobre presunto mal uso de fondos públicos. Lopez fue hospitalizada tras el incidente, mientras que Duterte calificó la situación como un intento de hostigamiento político.

En una conferencia de prensa realizada en la madrugada, Duterte reiteró sus críticas contra Marcos, Romualdez y la primera dama, acusándolos de mentir y actuar de manera negligente. Sus declaraciones incluyeron lenguaje explícito y frases que alimentaron aún más las tensiones, como: “He dado mi orden: si me matan, no paren hasta que los hayan matado”.

Frente a este panorama, el general Romeo Brawner, jefe de las Fuerzas Armadas, emitió un comunicado en el que aseguró que el ejército permanecerá neutral y respetuoso de las instituciones democráticas. Hizo un llamado a la calma y subrayó la importancia de mantener la unidad nacional.

El historial político de Duterte, marcado por su relación con su padre, el expresidente Rodrigo Duterte, agrega un contexto relevante. Durante su mandato, el expresidente fue ampliamente criticado por una campaña antidrogas que resultó en miles de muertes, muchas de ellas catalogadas como ejecuciones extrajudiciales. Estas acciones son objeto de investigación por parte de la Corte Penal Internacional como posibles crímenes de lesa humanidad.

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