Unión Europea sanciona a Caryslia Rodríguez presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela

La Unión Europea comunicó la imposición de sanciones que afectan a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Caryslia Rodríguez, y a otros catorce integrantes de instancias estatales de ese país.

El anuncio figura en el Diario Oficial de la UE, en paralelo con la toma de posesión de Nicolás Maduro, cuya reelección no fue reconocida por los veintisiete Estados del bloque.

En esa resolución, la Unión Europea expone que las personas incluidas en la lista están vinculadas con acciones que, a su juicio, debilitan la democracia y el orden jurídico en Venezuela.

El grupo sancionado se difundió después de que las autoridades europeas confirmaran su posición sobre los comicios del 28 de julio, fecha en la que Maduro obtuvo la victoria sin el aval de la comunidad europea, debido a la falta de actas que sustentaran la transparencia de los resultados.

El texto oficial agrega que esta decisión se gestó cuando la mayoría de los Estados miembros cuestionó los procesos de validación electoral y los procedimientos aplicados por los organismos encargados de corroborar la legitimidad de los votos.

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La figura de Caryslia Rodríguez destaca entre las incorporadas a la lista, pues encabeza el máximo tribunal que refrendó la proclamación de Maduro.

El gobierno de Estados Unidos y el de Canadá ya habían aplicado medidas contra Rodríguez con anterioridad, al considerarla cercana a decisiones que refuerzan acciones gubernamentales en áreas polémicas para la comunidad internacional.

El documento divulgado por la Unión Europea menciona a varios magistrados del TSJ, cuyas atribuciones abarcan la resolución de controversias esenciales para la vida institucional de Venezuela.

Entre esos jueces figuran Fanny Beatriz Márquez, quien ejerce la vicepresidencia del TSJ y de la Sala Electoral, así como Inocencio Antonio Figueroa, adscrito a la Sala Constitucional, y Malaquías Gil Rodríguez, con cargo relevante en la Sala Político-Administrativa.

En el ámbito del Consejo Nacional Electoral (CNE), la lista incorpora a Antonio José Meneses (secretario general), Carlos Enrique Quintero (vicepresidente), Conrado Ramón Pérez (rector) y Rosalba Gil Pacheco (rectora y presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral).

Las autoridades europeas argumentan que estos miembros del organismo electoral contribuyeron a ratificar resultados que no fueron aceptados por varias fuerzas opositoras y por observadores externos.

Además, se menciona al fiscal auxiliar Luis Ernesto Dueñez Reyes por su presunta participación en procesos judiciales vinculados con la persecución de Edmundo González Urrutia, opositor que salió del país para evitar la continuación de un proceso que, según voces disidentes, se basó en consideraciones políticas.

Al fiscal se le atribuyen diligencias que impulsaron medidas restrictivas contra González Urrutia, luego de denuncias sobre supuestas irregularidades electorales.

Dentro de la misma categoría de sancionados, figuran Edward Miguel Briceño Cisneros, juez que habría ordenado la detención de González Urrutia, y Alexis José Rodríguez Cabello, encargado de la jefatura del SEBIN, organismo de seguridad que interviene en operativos relacionados con grupos opositores.

También aparece Miguel Antonio Muñoz Palacios, vinculado con la subdirección del SEBIN, al igual que autoridades militares de alto rango, como Elio Ramón Estrada Paredes, a cargo de la GNB, Asdrúbal José Brito Hernández, con funciones en la DGCIM, y Domingo Antonio Hernández Lárez, con responsabilidad sobre unidades estratégicas de la Fuerza Armada.

El bloque europeo ratificó la continuidad de las sanciones impuestas desde 2017 y comunicó la reincorporación de Elvis Amoroso, presidente del CNE, a la relación de personas objeto de estas medidas.

Amoroso había sido excluido en una etapa anterior, en un esfuerzo por favorecer comicios con condiciones más abiertas, pero volvió a la lista luego de los cuestionamientos de julio.

Las restricciones incluyen vetos de viaje hacia naciones que forman parte de la Unión Europea y el congelamiento de fondos o propiedades en territorio comunitario.

Además, se resaltó que la lista superó el medio centenar de nombres y comprende figuras importantes dentro del círculo gubernamental venezolano. Aun así, Nicolás Maduro no aparece en el registro de afectados por estas medidas.

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