Rescate de inmigrantes en Italia: prohibido desde el aeropuerto de Sicilia

La autoridad italiana de aviación ha emitido una prohibición que impide a los grupos humanitarios de rescate de migrantes utilizar un aeropuerto en Sicilia para iniciar vuelos de búsqueda y rescate en el Mediterráneo. Esta nueva disposición representa un paso más en la serie de acciones del gobierno italiano contra las actividades de estas organizaciones.

La ordenanza, emitida por la oficina siciliana de la ENAC (Ente Nacional de Aviación Civil), señala que los vuelos de los grupos de rescate interfieren con la labor exclusiva de los guardacostas italianos, quienes son responsables de coordinar los esfuerzos de búsqueda y rescate en el mar. Además, argumenta que la operación de estos vuelos pone en riesgo las vidas de los migrantes, justificando así la necesidad de la prohibición.

Los grupos de rescate no gubernamentales que desobedezcan esta ordenanza y continúen utilizando el aeropuerto de Lampedusa, en Sicilia, se enfrentan a multas indeterminadas y a la incautación de sus aeronaves. 

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Esta acción es vista como un esfuerzo más del gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para frenar la inmigración procedente del norte de África, una promesa clave que llevó a su coalición conservadora al poder en 2022.

El grupo alemán de rescate Sea-Watch, que opera el avión Seabird utilizado para avistar barcos migrantes en apuros, ha prometido continuar con sus vuelos a pesar de la prohibición. 

En un comunicado difundido el martes por la noche, la organización afirmó que estos vuelos son la única manera independiente de "documentar las violaciones diarias de los derechos humanos que ocurren" en el Mediterráneo.

Sea-Watch también destacó la actividad de la guardia costera libia, la cual recibe instrucción y equipamiento de la Unión Europea. Las embarcaciones libias, a menudo, interceptan barcos de contrabandistas y los devuelven a las costas de Libia, donde Naciones Unidas y grupos de derechos humanos han documentado graves abusos en los centros de detención de migrantes.

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Sea-Watch condenó la ordenanza, calificándola como un ataque que pisotea el derecho internacional y declaró que no dejarán de documentar y denunciar las atrocidades que ocurren en el Mediterráneo. 

“Este ataque que pisotea el derecho internacional no nos impedirá seguir molestando a los que querrían que lo que ocurre cada día en el Mediterráneo quede en secreto", afirmó la organización en una publicación en redes sociales.

Además de esta prohibición, el gobierno italiano ha implementado varias medidas para dificultar el trabajo de los grupos de ayuda humanitaria. El gobierno los acusa de incentivar las peligrosas travesías con su presencia en el Mediterráneo y de aumentar la demanda del tráfico de personas.

Las organizaciones de ayuda argumentan que su labor es esencial para salvar vidas ante la falta de una respuesta adecuada por parte de Europa al problema de la migración. Critican las políticas italianas, que, según ellas, están diseñadas para limitar el tiempo que pueden pasar en el mar rescatando migrantes. 

Entre las tácticas utilizadas por las autoridades italianas se incluyen investigaciones e incautaciones de los barcos humanitarios, así como la asignación de puertos lejanos y la exigencia de regresar a puerto tras cada rescate.

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