Publicidad
Publicidad
Razones por las que la Corte Penal Internacional ordenó arresto de Netanyahu y Gallant
Contexto de una decisión relevante para la política mundial y el conflicto en Gaza.
La Corte Penal Internacional (CPI) informó este jueves sobre la emisión de órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el exministro de defensa Yoav Gallant y varios líderes de la organización Hamás.
Estos funcionarios son acusados de haber cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el contexto de la guerra en Gaza y los ataques de octubre de 2023, que derivaron en la ofensiva militar israelí en territorio palestino.
La decisión convierte a Netanyahu y los demás en individuos buscados por la justicia internacional, lo que podría tener implicaciones políticas y diplomáticas significativas.
Sin embargo, la aplicabilidad práctica de estas órdenes enfrenta limitaciones importantes, dado que Israel y Estados Unidos no son estados miembros de la CPI, lo que reduce la posibilidad de detenciones efectivas.
Lea también (Edmundo González fija el 10 de enero de 2025 para su juramentación como presidente de Venezuela)
Además, algunos de los altos mandos de Hamás mencionados ya han fallecido durante el conflicto.
Desde Israel, las órdenes han sido rechazadas de manera contundente. Netanyahu, acompañado por otros líderes israelíes, calificó la medida del fiscal de la CPI, Karim Khan, como "vergonzosa" y acusó al tribunal de antisemitismo.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también expresó su desacuerdo con la decisión y reiteró su respaldo al derecho de Israel a defenderse frente a los ataques de Hamás. La organización palestina también descalificó el proceso judicial impulsado por la CPI.
En la decisión judicial, el panel de tres magistrados del tribunal concluyó que existen fundamentos razonables para sostener que Netanyahu y Gallant privaron deliberadamente a la población civil de Gaza de bienes esenciales para la supervivencia.
Entre los recursos señalados se incluyen alimentos, agua, medicinas, suministros médicos, combustible y electricidad. Esta conclusión sustenta la emisión de las órdenes de arresto, según lo declarado por la CPI.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, en septiembre, presentó documentos legales argumentando que la corte carece de jurisdicción sobre el caso y señalando que no se ofreció a Israel la posibilidad de investigar los hechos por su cuenta antes de proceder con las órdenes.
En una publicación en la red social X, el portavoz del Ministerio, Oren Marmorstein, señaló que ningún otro país democrático con un sistema legal autónomo y respetado ha enfrentado un trato similar por parte de la CPI.
Asimismo, reafirmó el compromiso de Israel con el Estado de derecho y la protección de sus ciudadanos.
La CPI, que opera como tribunal de última instancia, interviene únicamente cuando las autoridades judiciales nacionales no pueden o no están dispuestas a llevar a cabo investigaciones sobre los hechos denunciados. Israel no forma parte de los países que han ratificado el Estatuto de Roma, lo que dificulta su cooperación con el tribunal.
Además, grupos de derechos humanos han señalado obstáculos recurrentes para que Israel investigue casos relacionados con su propia actuación.
A pesar de la emisión de estas órdenes, es improbable que los sospechosos enfrenten un juicio en La Haya en el corto plazo.
La CPI carece de una fuerza policial para ejecutar sus mandatos, dependiendo exclusivamente de la cooperación de los estados miembros para hacer cumplir sus decisiones.
Otras noticias:
Etiquetas
