Primera gran expropiación en México ordenada por presidente AMLO genera preocupación

Expertos en derecho, legisladores, analistas, académicos y organizaciones no gubernamentales expresaron su inquietud ante la primera gran expropiación realizada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En las últimas horas, la Secretaría de Marina, Semar, llevó a cabo la expropiación de las instalaciones de Ferrosur en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas, pertenecientes a Grupo México Transportes.

El mismo día, el gobierno federal publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que ordenaba la ocupación temporal e inmediata de dicho tramo ferroviario por parte del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, una empresa de participación estatal mayoritaria.

La toma sorpresiva y sin precedentes de estas instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas ha generado un análisis exhaustivo por parte de Grupo México Transportes, sus inversionistas y asesores. 

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo México Transportes afirmó que continuará brindando el servicio a sus usuarios sin sufrir ninguna afectación por el momento, aunque con la vigilancia de las Fuerzas Armadas. Además, se comprometió a informar oportunamente sobre las acciones que tomará de acuerdo con sus obligaciones como empresa pública.

Esta medida se produce en medio de las negociaciones que Germán Larrea, presidente de Grupo México y el segundo hombre más rico del país, lleva a cabo con Citigroup para adquirir Banamex. Hasta el momento, no se ha realizado ningún anuncio oficial sobre este tema.

Durante esta semana, el magnate ha visitado el Palacio Nacional en dos ocasiones, y el propio presidente López Obrador ha dado su aprobación para que Larrea adquiera Banamex.

Expertos en derecho, legisladores y organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación ante la primera gran expropiación llevada a cabo por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta medida, que ha generado sorpresa e incertidumbre, está directamente relacionada con la decisión del gobierno de proteger sus obras prioritarias.

Según Rodolfo Martínez, socio del despacho Trusan y Roma Abogados y catedrático de la Facultad de Derecho de la Unam, esta expropiación parece estar vinculada a la reciente resolución de la Suprema Corte. 

Martínez considera que la empresa afectada tiene los medios legales para impugnar esta acción y espera que lo haga, ya que considera que la ocupación temporal es completamente arbitraria e injustificable, y viola el derecho a la propiedad de Grupo México.

Desde una perspectiva jurídica, esta expropiación se enmarca en la categoría de utilidad pública, tal como lo establece el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Sin embargo, Claudia Aguilar, especialista en derecho constitucional y socia fundadora de Aguilar Barroso y Asociados, destaca que esta ocupación temporal puede ser impugnada a través de un juicio de amparo, de acuerdo con la Ley de Expropiación.

Juan José Iturbe López, abogado constitucionalista y fundador de Malpica, Iturbe, Buj y Paredes, señala que el amparo debe basarse en dos aspectos: el acto de autoridad y la indemnización. 

Sin embargo, considera que no se podrá suspender la ocupación debido a que ya se ha llevado a cabo. Iturbe también destaca que, aunque esta es la primera expropiación formal durante este sexenio, ha habido otros actos de autoridad que muestran rasgos de expropiación al no respetar la garantía de audiencia.

El proceso de amparo se prevé largo y politizado, con un tiempo estimado de resolución de 16 meses, lo que coincide con la duración del sexenio actual, comenta Iturbe. Por su parte, Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, considera que estas medidas generan temor y ahuyentan las inversiones, y opina que esta semana ha sido una de las peores, si no la peor, en términos de decisiones de política económica en México.

La toma de Ferrosur ha sido rechazada por diversos actores. Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, considera que esta acción envía una señal negativa al mundo, perjudicando la certidumbre, la inversión y el crecimiento económico. Irene Levy, analista, destaca la falta de aviso por parte de las Fuerzas Armadas en la toma de las instalaciones y se pregunta qué pasos se seguirán después de esta medida. 

Sociedad Civil México (SCM), una organización que busca conformar una candidatura opositora para 2024, ha expresado su rechazo a las acciones expropiatorias contra Ferrosur, señalando que impactan negativamente la economía y la confianza en el país.
 

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