Por lo menos 20 colombianos han sido detenidos bajo el régimen de excepción en El Salvador

El Socorro Jurídico Humanitario, ha revelado preocupantes detenciones llevadas a cabo por las autoridades de seguridad en El Salvador bajo el régimen de excepción, que ha suspendido el derecho a la defensa en el país. Según informes de la organización, al menos 20 ciudadanos colombianos han sido arrestados y tratados como si fueran miembros de asociaciones ilícitas, como las pandillas.

Entre los detenidos se encuentra Andrés Castañeda, un joven de 31 años que fue aprehendido en diciembre de 2022 sin haber sido acusado de ningún delito específico. Castañeda había llegado a El Salvador en busca de oportunidades económicas relacionadas con el bitcóin. Sin embargo, su situación se ha visto truncada por su detención y la falta de claridad sobre su estado legal.

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Alejandra Muñoz, esposa de Castañeda, ha denunciado las condiciones de detención de su esposo y ha pedido una revisión de su caso y el de otras personas que se encuentran en situaciones similares. Muñoz también ha manifestado su preocupación por la incertidumbre que enfrentan las familias afectadas por estas detenciones arbitrarias.

Además, se ha informado sobre la detención arbitraria de varios salvadoreños, incluyendo a Salvador Alfaro, Carlos Alfaro, Marvín Alfaro, Denis Valladares y Kevin Ramírez. Los familiares de estas personas defienden su inocencia y exigen información sobre su estado de salud, ya que han pasado varios meses sin tener noticias de ellos.

Organizaciones humanitarias han registrado miles de violaciones a los derechos humanos en el contexto del régimen de excepción en El Salvador, principalmente relacionadas con detenciones arbitrarias. Según los informes, más de 70.000 arrestos han ocurrido durante más de un año de vigencia de dicho régimen, lo que ha generado preocupación y llamados a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Aunque el Gobierno salvadoreño sostiene que todos los detenidos pertenecen a pandillas, las denuncias de detenciones injustas y la falta de pruebas específicas han generado interrogantes sobre la legalidad en estos procesos.

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