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Pedro Sánchez admite conocimiento de la controvertida visita de Delcy Rodríguez a España
La vicepresidenta venezolana, prohibida de entrar a Europa por sanciones de la UE, generó polémica tras su encuentro con autoridades españolas.
En un giro inesperado en el caso conocido como "Delcygate", el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha reconocido que estaba al tanto de la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España, a pesar de que esta tenía prohibida la entrada a territorio europeo debido a sanciones impuestas por la Unión Europea.
Sánchez defendió la normalidad de las visitas de representantes de gobiernos extranjeros, señalando que la visita de Rodríguez fue cancelada una vez que se detectaron las sanciones en su contra. "Las visitas privadas u oficiales son muy cotidianas. El ministro Ávalos me informó, y cuando el Gobierno se percató de las sanciones, se canceló esa visita", declaró el presidente.
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La controversia se intensificó con la filtración de un mensaje de 2020 entre Sánchez y el entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en el que se discutía la visita de Rodríguez y su interés en reunirse con el presidente español. El mensaje indicaba que la gestión en favor de empresas españolas había permitido que la empresa Duro Felguera cobrara una importante deuda.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha vinculado a Víctor Aldama, detenido por fraude en la venta de combustible, con varios países de Hispanoamérica, incluyendo a Venezuela. Aldama, representante de una compañía aérea, habría actuado como intermediario ante el Gobierno venezolano para el cobro de una deuda de 200 millones de dólares.
En una comunicación con Rodríguez, Aldama enfatizó que una reunión entre el opositor venezolano Leopoldo López y Pedro Sánchez no se había llevado a cabo en Moncloa, lo cual era un detalle relevante para Rodríguez.
La visita de Delcy Rodríguez ha sido interpretada como una posible violación de las sanciones impuestas por la Unión Europea en 2018, que incluían la congelación de bienes y la prohibición de entrar a los países de la zona Schengen. Este escándalo ha reavivado el debate sobre la política exterior de España y sus relaciones con el régimen de Nicolás Maduro.
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