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ONU acusa al Gobierno de Venezuela de crímenes de lesa humanidad en las elecciones de 2024

Un informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU señala a las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales por violaciones graves de derechos humanos.

VENEZUELA MANIFESTACIONES 10 AGOSTO
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mar, 15/10/2024 - 07:18 Créditos: Reuters

Este martes, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela acusó al gobierno de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. 

En un informe de 158 páginas, que abarca desde septiembre de 2023 hasta agosto de 2024, se detallan graves violaciones de derechos humanos perpetradas por fuerzas de seguridad y grupos civiles armados afines al gobierno.

El documento señala que las fuerzas del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional estuvieron involucradas en actos de asesinato, desapariciones forzadas, tortura, y violencia sexual y de género. Estas acciones estuvieron dirigidas tanto contra opositores como contra ciudadanos comunes que expresaron su desacuerdo con los resultados de las elecciones.

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La represión no se limitó a la jornada electoral. Según la ONU, las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza se intensificaron tras los comicios, con una campaña de detenciones masivas sin precedentes, comparable a las protestas de 2014, 2017 y 2019. Esta oleada represiva incluyó al menos 48 arrestos relacionados con supuestas conspiraciones, como la llamada operación Brazalete Blanco, además de otras 121 detenciones de personas que colaboraban con la oposición durante la campaña electoral.

El informe también señala a otras instituciones del Estado venezolano como cómplices de estas violaciones. El Consejo Nacional Electoral fue criticado por incumplir las normas de transparencia, y la Asamblea Nacional aprobó leyes restrictivas que atentaron contra los derechos humanos. Asimismo, el sistema de justicia venezolano fue calificado como carente de independencia.

Las autoridades de alto nivel del Estado habrían incitado a la represión a través de declaraciones públicas, lo que contribuyó a crear un ambiente de hostilidad y violencia en todo el país.

 

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