Ley Laken Riley avanza en EE. UU. y endurece medidas contra migrantes indocumentados

El Congreso de Estados Unidos debate intensamente la ley Laken Riley, una controvertida propuesta legislativa que busca endurecer las medidas contra los migrantes indocumentados. La iniciativa permitiría la detención y deportación inmediata de cualquier migrante irregular acusado de delitos menores como robo o hurto, incluso antes de que se lleve a cabo un juicio.

La ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años asesinada en Georgia en febrero de 2024. Su agresor, José Ibarra, un migrante venezolano indocumentado de 26 años, contaba con antecedentes por dos delitos menores. El caso conmocionó al país y dio lugar a esta propuesta impulsada principalmente por el Partido Republicano. "Esta ley protegerá a nuestras comunidades y honrará la memoria de Laken", afirmó un congresista republicano al defender el proyecto.

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Medidas principales de la ley

Entre las disposiciones más destacadas de la ley Laken Riley se incluyen:

• Deportación inmediata: Migrantes indocumentados acusados de delitos menores podrán ser deportados sin necesidad de juicio.
• Sanciones a países renuentes: Restricción de visados para naciones que se nieguen a recibir a sus ciudadanos deportados.
• Demandas estatales: Otorga a los estados el derecho de demandar al gobierno federal si consideran que las leyes migratorias no se aplican estrictamente.

Apoyo y críticas

Aunque promovida por los republicanos, la ley ha recibido respaldo de algunos demócratas. El senador John Fetterman expresó:"Estoy a favor de dar herramientas a las autoridades para prevenir tragedias como esta mientras trabajamos en soluciones integrales para nuestro sistema roto".  En la Cámara de Representantes, el proyecto fue aprobado con 264 votos a favor, incluidos 48 demócratas.

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Organizaciones de derechos civiles, como el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), han calificado la propuesta como una amenaza al debido proceso y a la presunción de inocencia. La congresista demócrata Pramila Jayapal advirtió: "Esto es esencialmente una autopista hacia la deportación masiva. Las personas serán detenidas y expulsadas por meras acusaciones, sin pruebas ni condena".

Por otro lado, algunos expertos han señalado posibles implicaciones legales de la ley. La posibilidad de que los estados demanden al gobierno federal podría generar un caos judicial y retrasar la aplicación de otras políticas migratorias.

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