Javier Milei destina millonario presupuesto para contener protestas y exige a manifestantes correr con los gastos

En una medida sin precedentes, el Gobierno argentino liderado por Javier Milei ha destinado una millonaria suma de 60 millones de pesos (casi 67.700 euros) para el despliegue de autoridades con el objetivo de contener las protestas que han surgido en el país. Según el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, esta acción tiene como propósito permitir la toma de acciones legales contra las organizaciones sociales a las que se les atribuyen las movilizaciones.

Durante la rueda de prensa habitual desde la Casa Rosada, Adorni afirmó: “Vamos a intimar a las organizaciones para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía”. Esta declaración surge en medio de la polémica generada por los altos costos del despliegue policial y la insistencia del Gobierno en que las organizaciones convocantes asuman dichos gastos.

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En un intento por trasladar la responsabilidad financiera a los organizadores de las protestas, el Gobierno argentino ha anunciado una denuncia judicial contra 14 organizaciones sociales, acusándolas de presuntos delitos de "extorsión" y "defraudación al Estado", según informa el diario argentino ‘Clarín’.

Estos pronunciamientos se producen tras la solicitud de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había solicitado un informe detallado de los gastos del despliegue policial a las fuerzas de seguridad para ser entregado a los convocantes. El informe, presentado por la Policía, la Gendarmería, la Policía Aeroportuaria, la Prefectura Naval y el Servicio Penitenciario Federal, incluye una estimación conjunta que contempla gastos como el combustible y la remuneración de los efectivos.

El protocolo impulsado por el Ejecutivo de Javier Milei abre la posibilidad de emprender acciones legales contra organizaciones sociales o individuos a los que se pueda atribuir la responsabilidad de las protestas, especialmente si se consideran "actos ilegítimos". El texto subraya la necesidad de que los recursos ingresen en las arcas del Estado Nacional para compensar los grandes gastos en el mantenimiento del orden público, especialmente ante la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables.

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