Gobierno de Milei genera polémica por clasificar discapacitados como 'idiotas' e 'imbéciles'

El gobierno de Argentina, liderado por Javier Milei, se enfrenta a una fuerte controversia luego de que en un documento oficial se utilizaran términos considerados denigrantes para clasificar a personas con discapacidad intelectual. 

En el texto, se hacía referencia a los niveles de desarrollo intelectual con palabras como "idiotas", "imbéciles" y "débiles mentales". Ante el rechazo generalizado, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reconoció el error y anunció modificaciones en la terminología utilizada.

Un documento con terminología obsoleta

En enero de 2025, la ANDIS publicó una resolución en la que establecía los parámetros de evaluación para determinar si una persona podía acceder o continuar recibiendo una pensión por discapacidad. Dentro del anexo de dicho documento, se utilizaban términos arcaicos para describir distintos niveles de discapacidad intelectual.

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Según el texto oficial, la clasificación comenzaba con el "idiota", definido como aquel que "no atravesó la etapa glósica (verbal), no lee ni escribe, no conoce el dinero". Luego, mencionaba al "imbécil", quien "no lee ni escribe, pero atiende sus necesidades elementales". Finalmente, se refería al "débil mental profundo", que "realiza tareas rudimentarias", al "moderado" y al "leve", quien "puede realizar tareas de mayor envergadura".

El documento también especificaba que solo aquellos que presentaban "debilidad mental profunda o mayor" eran elegibles para recibir pensiones por discapacidad, lo que generó aún más indignación entre las organizaciones de derechos humanos y colectivos de personas con discapacidad.

Rectificación del gobierno

Tras la publicación de la resolución, diversas organizaciones expresaron su rechazo y calificaron el lenguaje como inaceptable y discriminatorio. La indignación se hizo notar en redes sociales y medios de comunicación, lo que llevó a la ANDIS a emitir un comunicado en el que reconocía que la utilización de esos términos había sido "un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta".

En respuesta a las críticas, la agencia gubernamental anunció que modificará la resolución y su anexo, asegurando que adoptará "los estándares médicos y normativos vigentes" para evitar el uso de términos ofensivos o desactualizados. No obstante, aclaró que estas modificaciones no alterarán los criterios de evaluación para la concesión de pensiones.

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