Gobierno de México solicita revisión de medidas cautelares de militares en caso Ayotzinapa

El Gobierno de México ha manifestado su posición con respecto a la reciente liberación de ocho militares relacionados con el caso Ayotzinapa por parte de la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, y los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio. 

En un comunicado emitido a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), el Gobierno ha expresado su coincidencia con la postura de la Fiscalía General de la República (FGR) y ha anunciado su intención de solicitar la revisión de las medidas cautelares de estos militares.

En un claro mensaje, el Gobierno ha señalado al Poder Judicial de la Federación de emplear "pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia". 

Además, ha subrayado que esta liberación no es sorprendente, ya que el Poder Judicial no ha demostrado un compromiso genuino con la búsqueda de la verdad y la impartición de justicia en el caso Ayotzinapa.

El Gobierno también ha mencionado la liberación previa de 62 implicados en el caso, argumentando que habían sido torturados, y ha denunciado la falta de acciones en contra de los responsables de estos actos. 

También se ha referido al intento de cambiar las medidas cautelares del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, lo cual fue impedido gracias a la colaboración entre la fiscalía y otras dependencias del Gobierno de México.

En sus declaraciones, el Gobierno de México ha afirmado que esta liberación de los militares se ha llevado a cabo sin fundamento legal, con el propósito de favorecer una hipótesis que sugiere que el Gobierno protege al Ejército. 

Esto, según el Gobierno, tiene motivaciones estrictamente políticas y busca socavar el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano, así como obstaculizar el compromiso del presidente de conocer la verdad y esclarecer los hechos relacionados con el caso Ayotzinapa.

El Gobierno de México ha destacado el daño significativo que estas decisiones del Poder Judicial han causado y ha subrayado que minan los cimientos de la verdadera procuración de justicia en el país. 

En consecuencia, se ha reiterado que el Caso Ayotzinapa es un asunto de Estado, y se solicitará a la fiscalía que revise las medidas cautelares, considerando los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la prisión preventiva justificada de estos militares en agosto del año pasado.

Además, se pedirá a la FGR que, si es procedente, emita nuevas órdenes de aprehensión y que se agoten todas las líneas de investigación. El Gobierno de México ha enfatizado su compromiso con la legalidad y el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos, afirmando que la búsqueda continuará hasta encontrarlos.

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