El Congreso de Estados Unidos aprueba ley que permite la detención de migrantes por delitos menores
Polémica decisión que tiene en alerta a la comunidad hispana especialmente.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una ley que otorga facultades a las autoridades migratorias para detener a personas indocumentadas que cometan delitos considerados menores, como robos. Esta legislación, conocida como “Laken Riley”, se convierte en la primera en ser firmada por el presidente Donald Trump durante su segundo mandato.
El texto fue aprobado en la Cámara con 262 votos a favor, entre los cuales se incluyen los de la mayoría republicana y 46 representantes del Partido Demócrata, mientras que 156 legisladores votaron en contra.
Previamente, el lunes, la propuesta había superado su trámite en el Senado, donde obtuvo 64 votos a favor, incluyendo 12 de senadores demócratas, frente a 35 en contra.
La normativa lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería asesinada en Georgia en 2024. José Ibarra, un ciudadano venezolano en situación irregular, fue declarado culpable de este crimen, lo que generó debates en torno a la seguridad y las políticas migratorias.
El alcance de la ley contempla la detención de migrantes indocumentados que cometan actos como hurtos en supermercados o tiendas, quienes serán puestos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
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Además, otorga a los fiscales generales estatales la capacidad de intervenir en decisiones de política migratoria, hasta el punto de poder presionar al Departamento de Estado para suspender la emisión de visas a ciudadanos de países que no acepten deportaciones desde Estados Unidos.
Mike Collins, congresista republicano por Georgia y principal impulsor de la iniciativa, ha señalado que esta medida busca fortalecer la seguridad y garantizar el cumplimiento de la ley.
Sin embargo, expertos en legislación migratoria y defensores de los derechos humanos han criticado la propuesta, señalando que vulnera el debido proceso y podría facilitar planes de deportación masiva, una de las promesas destacadas de la administración Trump.
Diversos análisis indican que para implementar esta legislación será necesario un incremento significativo en el presupuesto gubernamental, con un gasto adicional estimado en más de US$3.000 millones.
También se requerirá ampliar la capacidad de detención de migrantes a más de 60,000 camas, lo que supondría una reestructuración considerable en las instalaciones y operaciones del sistema migratorio.
La ley “Laken Riley” ha generado un amplio debate en el país, dividiendo opiniones entre quienes la ven como una herramienta esencial para fortalecer las políticas migratorias y quienes advierten sobre sus posibles implicaciones en términos de derechos y libertades.
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