Clan del Golfo podría haber recaudado US$65 millones en 2023 gracias al cruce del Darién

"La situación del Tapón del Darién es el resultado de una serie de políticas migratorias deficientes en toda América". A esta conclusión ha llegado la organización de derechos humanos no gubernamental Human Rights Watch (HRW) en un reciente sobre la situación migratoria en esa zona.

A raíz de este informe, HRW denunció la ausencia de presencia gubernamental en el Tapón del Darién, una región crucial para los migrantes que intentan cruzar hacia Panamá. Según la Organización, el Clan del Golfo estaría cobrando US$125 por cada persona que atraviesa este territorio.

"El Ministerio de Defensa de Colombia estima que el Clan del Golfo recauda un promedio de US$125 por cada persona que cruza el Darién. Si la estimación es exacta, este grupo armado puede haber ganado un total de US$65 millones en 2023 por cuenta del control de esta ruta migratoria", sostuvo HRW.

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Muchos migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Tapón del Darién habían residido previamente en otros países de América del Sur durante extensos períodos. Sin embargo, las políticas de regularización e integración, a menudo limitadas y deficientes, crean condiciones de vida inadecuadas o impiden la obtención de protección internacional, forzando a muchos a dirigirse hacia el norte.

Por otra parte, a pesar de los esfuerzos de algunos gobiernos latinoamericanos para acoger a migrantes y solicitantes de asilo, las políticas regionales suelen ser insuficientes. Entre las razones están los plazos restrictivos, los procedimientos complejos, los requisitos de documentación onerosos y los retrasos administrativos.

Los sistemas de asilo tienen una capacidad limitada, resultando en retrasos significativos y una aplicación inconsistente de la Declaración de Cartagena, un acuerdo regional que otorga protección ampliada a los refugiados y que ha sido suscrito e incorporado en la legislación de muchos países.

Aunque se han implementado algunas iniciativas nacionales para mejorar la integración de los migrantes, la falta de estrategias regionales claras en integración social y económica ha dejado a muchos sin empleo adecuado y con dificultades para acceder a servicios esenciales como salud, vivienda, educación y programas sociales. La discriminación, la xenofobia y la violencia sexual son cada vez más frecuentes.

Frente a esta situación, HRW recomienda implementar un régimen de protección temporal en toda la región que conceda a todos los venezolanos y haitianos un estatus legal por un plazo fijo con una duración adecuada y renovable, incluyendo a quienes no reúnan los requisitos para obtener el estatuto de refugiado según la legislación nacional.

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