Víctimas del paramilitarismo recibirán 18.000 hectáreas como parte de su reparación

La Unidad para las Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) han firmado un convenio histórico para la adquisición de 18.000 hectáreas de tierras, marcando la primera venta masiva de tierras del Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV) a la ANT.

Este acuerdo representa un avance significativo en la reparación integral de las víctimas del paramilitarismo y un impulso para la Reforma Agraria al proporcionar tierras a campesinos afectados por el conflicto armado.

El convenio moviliza una inversión superior a los $175.000 millones, que se destinarán directamente al Fondo de Reparación. Estos recursos están destinados a apoyar a las víctimas y a transformar los predios adquiridos en tierras productivas con una vocación reparadora.

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Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas, destacó la importancia del acuerdo al afirmar que "esperamos reparar a alrededor de 5.000 víctimas reconocidas en las sentencias de Justicia y Paz". Esta acción es clave para reducir el rezago en la reparación a las víctimas del conflicto.

Por su parte, Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, subrayó que "este acuerdo derriba las barreras institucionales que impedían su puesta en marcha. Estamos comprando 18.000 hectáreas que serán entregadas a campesinos sin tierras, y el convenio tiene el potencial de alcanzar hasta 130.000 hectáreas".

El convenio cumple dos objetivos fundamentales: la entrega de tierras a campesinos y la reparación económica de las víctimas. Las tierras adquiridas provienen de predios entregados por jefes paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz, contribuyendo de esta manera a la reparación integral de los afectados por el conflicto armado.

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Las tierras priorizadas para esta adquisición están ubicadas en departamentos como Antioquia, Córdoba y Santander. Incluyen predios que anteriormente pertenecieron a bloques paramilitares como Casa Castaño, Bloque Central Bolívar y Bloque Centauros, que ahora estarán al servicio de los campesinos víctimas del conflicto.

Además, el convenio incluye una modificación que acelera la toma de posesión de los predios, permitiendo que la ANT realice estudios agronómicos y técnicos para asegurar la viabilidad de los terrenos adquiridos para el desarrollo rural. Esto garantiza que las tierras sean aptas para proyectos productivos por parte de los campesinos.

Este acuerdo se suma a otras dos vías principales para la adquisición de tierras en el marco de la Reforma Agraria: la compra voluntaria de predios y el convenio con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mediante el cual se adquieren bienes objeto de extinción de dominio.

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