Trasladan a otra prisión a reclusa abusada por guardia del Inpec para evitar que delate, denuncia familia

El pasado 7 de enero se conoció una denuncia pública relacionada con Valentina González, una mujer que estaba privada de la libertad en el pabellón femenino de la cárcel Pedregal, ubicada en Medellín.

Según el testimonio de sus familiares, Valentina habría sido víctima de abuso sexual por parte de miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) el 24 de diciembre de 2024.

La situación generó controversia debido al traslado de la mujer a un centro penitenciario en Manizales. La familia asegura que esta decisión fue tomada con el objetivo de silenciarla y limitar su acceso a quienes podrían apoyarla para dar a conocer los hechos.

Mariana González, tía de la reclusa, manifestó su inconformidad al señalar que el cambio de establecimiento carcelario responde a una estrategia para impedir que la víctima hable y denuncie las presuntas irregularidades.

“La trasladaron lejos de Medellín para que no pudiera hablar ni contar lo que pasó. Exigimos que sea devuelta a Medellín y que quienes están involucrados en este tipo de hechos no continúen trabajando en el sistema penitenciario”, afirmó la tía de la mujer, quien pidió justicia y garantías para su sobrina.

Por su parte, Carlos Carmona, defensor de los derechos humanos de la población carcelaria, informó que se presentó una acción de tutela ante la justicia.

El objetivo es que un juez evalúe el caso y reconozca el vínculo de arraigo de la víctima con la ciudad de Medellín, de modo que sea trasladada nuevamente a esa región de Antioquia.

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El defensor expresó que este traslado no solo vulnera los derechos de la víctima a recibir apoyo cercano de su familia y abogados, sino que también obstaculiza el acceso a una justicia pronta y efectiva.

Además, se solicitó que se realice una investigación rigurosa sobre los hechos denunciados para esclarecer las posibles responsabilidades de los funcionarios del Inpec señalados en el caso.

Hasta el momento, ni el Inpec ni otras autoridades competentes han emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones o el motivo del traslado de la reclusa.

La familia y los defensores de derechos humanos insisten en la necesidad de garantizar transparencia en el proceso y evitar que se repitan situaciones que vulneren la dignidad y seguridad de las personas privadas de la libertad.

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