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Tras asesinato de testigo clave, esposa de Marcelo Pecci pide reunión con fiscal general y ministra de Justicia
Dicen que ante la falta de avances en la investigación y el crimen reciente requieren la cita para explicaciones.
Claudia Aguilera de Pecci, esposa del fiscal de Paraguay Marcelo Pecci, asesinado en Colombia, expidió dos comunicaciones dirigidas a la fiscal general Luz Adriana Camargo y a la ministra de Justicia Ángela María Buitrago en donde solicita con carácter prioritario una reunión virtual.
Esto con el propósito de impulsar las investigaciones por el crimen del cual no hay avances y también por el reciente asesinato de Francisco Luis Correa Galeano en la cárcel La Picota de Bogotá, testigo clave en el caso.
A través de su abogado en Colombia, el penalista Francisco Bernate y sus abogados en Paraguay, la esposa del fiscal ultimado en Cartagena expidió la siguiente comunicación a la fiscal Camargo y a la ministra Buitrago:
“Claudia Aguilera Vda. de Pecci, en nombre propio y en representación de mi hijo menor, ambos en calidad de víctimas del magnicidio de mi esposo, el entonces Agente Fiscal Delegado de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio Público del Paraguay, Abog. Marcelo Daniel Pecci Albertini, bajo patrocinio de la Abog. Cecilia Pérez Rivas (Mat. CSJ Nº 11.127), tengo el alto honor de dirigirme a Ud. y por su intermedio, al equipo que ha venido llevando adelante esta investigación, a los efectos de manifestarle cuanto sigue:
Que, consideramos de extrema gravedad el asesinato de Francisco Luis Correa Galeano, condenado y privado de su libertad bajo la custodia del Estado Colombiano, teniendo en cuenta que el mismo aún tenía datos que aportar, según había manifestado, y que dichos elementos podrían ser relevantes para lo que resta de la investigación.
La noticia de su deceso nos ha afectado considerablemente, ya que se había advertido que ello podía suceder, considerando todo el aporte que el mismo realizó durante el proceso, y que contribuyó a la condena de los demás partícipes, resultando evidente que las medidas tomadas no fueron suficientes para proteger su vida, y a la fecha logran obstaculizar la investigación en curso, en relación a determinar quién o quiénes dieron la orden de ejecutar a mi
esposo y padre de mi hijo.
Somos conscientes de que este tipo de crímenes requieren financiación y una logística importante, para asesinar a un Agente Fiscal paraguayo, en tierras colombianas, con todo lo ya demostrado en el proceso, pero ello no debe implicar ningún tipo de concesión ni claudicación ante la búsqueda de impunidad procurada por quienes despliegan todo su poderío, para evitar ser identificados y pagar por sus deleznables acciones.
Ante la falta de avances en la investigación, así como este último grave episodio del asesinato de quien era considerado “testigo clave”, solicitamos una reunión virtual con la señora Fiscal General del Estado, ya que se ha comprometido a seguir avanzando en el proceso, y que hemos tomado su palabra, en cuanto a la voluntad de seguir buscando a los autores intelectuales.
Habíamos advertido la confianza en el trabajo de la Fiscalía General de la Nación a su cargo, ya que en la justicia local no encontramos respuestas, avances, ni voluntad de seguir con el proceso investigativo, así como nos han cerrado todas las puertas.
La solicitud de reunión virtual radica en la imposibilidad de trasladarnos hasta Colombia, dado el riesgo al cual nos vemos expuestos todos, tanto los abogados como miembros de la familia, teniendo en cuenta la información que habíamos recibido desde la penitenciaría local, y no existiendo garantías sobre nuestra vida y nuestra seguridad, no podemos más que solicitar a la Fiscal General del Estado una reunión virtual, con la Abog. Cecilia Pérez Rivas, acompañada de Francisco Pecci (h), hermano de Marcelo, sobre los avances del proceso principal, y de la investigación sobre el asesinato de Francisco Luis Correa Galeano.
En espera de una resolución favorable a nuestra solicitud, aprovechamos la ocasión para saludarla con nuestra consideración más distinguida”, señala la carta dirigida a la fiscal, así como otra de casi idéntico contenido dirigido a la ministra de Justicia.
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El crimen del testigo
Francisco Luis Correa Galeano autor del asesinato del fiscal del Paraguay Marcelo Pecci fue asesinado en la cárcel La Picota de Bogotá, la semana pasada, en concreto el 3 de enero.
Todo se conoció hacia las 12:10 de la madrugada de ese viernes cuando uno de los guardianes del Inpec en el pabellón 32 de la cárcel La Picota hizo un llamado urgente a sus compañeros.
De inmediato los guardias llegaron a la Rápidamente, a la celda 25 donde se encontraron con el cuerpo sin vida de Correa Galeano.
Acto seguido los dragoneantes llamaron al personal de salud de la cárcel quienes tras el revisar el cuerpo de Correa determinaron que estaba sin vida, tendido en el piso en la celda y que falleció producto de varias heridas con arma blanca.
Según explicaron fuentes al interior del penal antes de la muerte de Correa hubo al parecer un enfrentamiento con otro interno de nombre Samuel, versión que fue confirmada por el director de la Policía, el general William René Salamanca.
Últimos hechos del caso
Semanas antes del homicido de Correa, la Fiscalía General de la Nación avanzó en otro frente investigativo relacionado con el homicidio del fiscal paraguayo, Marcelo Daniel Pecci Albertini, ocurrido el 10 de mayo de 2022, en Isla Barú, en Cartagena (Bolívar).
Un equipo de fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio e investigadores del CTI que trabaja en la identificación y afectación del patrimonio de los involucrados en el crimen impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre tres inmuebles y dos vehículos que pertenecerían a tres de los señalados implicados, y una persona más.
Las propiedades, estimadas preliminarmente en algo más de 800 millones de pesos, fueron ocupadas en diligencias realizadas simultáneamente en Bogotá y Rionegro (Antioquia).
Los elementos de prueba dan cuenta de que los activos estarían a nombre de Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño; y Virgelina Hoyos Durango, madre de los hermanos Andrés y Ramón Emilio Pérez Hoyos,procesados penalmente por este crimen; quien habría prestado su nombre para ocultar algunos de los activos.
La investigación penal
En el curso del proceso penal se estableció que la señora Chacón Zúñiga, presuntamente, participó junto a su pareja y cuñado en la planeación del asesinato, y dispuso de una camioneta para asistir a las reuniones en las que se concretó la acción criminal.
Las otras dos personas aceptaron haber vigilado y seguido a la víctima antes del homicidio, y señalado la ubicación del fiscal en la playa para que los sicarios llegaran al punto exacto y le dispararan.
Por estos hechos, Londoño Bedoya y Monsalve Londoño fueron condenados a 23 años y 6 meses de prisión. Los bienes afectados quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
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