Asociaciones científicas advierten nuevo déficit para el sector salud ante bajo incremento de la UPC

El presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Agamenón Quintero Virrareal, presentó Derecho de Petición con el fin de que se declare la Revocatoria Directa de la Resolución 2717 del 30 de diciembre de 2024 en torno a la definición del nuevo valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el 2025.

En el Derecho de Petición, se enuncian consideraciones como la falta de sustento y rigor en el documento a través del cual la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de la Operación del Aseguramiento en Salud, estableció los elementos técnicos para el valor de la UPC, los cuales a su vez fueron calificados como “no confiables” por parte del Viceministerio de Protección Social.

“El aumento del 5,36% calculado para la UPC en 2025 está por debajo del costo real de una atención en salud. De esta forma es insostenible para el Talento Humano en Salud del país y para el sistema mismo, ofrecer un servicio de calidad a todos los colombianos.”, aseguró Agamenón Quintero Villareal, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.

Según un estudio de la ANDI, el aumento de la UPC en solo 5,36% generará un déficit estimado en 10,4 billones solo para el año 2025, agravando aún más la crisis financiera que hoy atraviesa el sector salud en Colombia.

Adicionalmente, las EPS, hospitales públicos e IPS privadas, se verán gravemente afectadas junto a sus trabajadores, teniendo en cuenta que el salario mínimo aumentó 9,5% para la vigencia 2025, pero el 10% de la UPC que va destinada a gastos administrativos no es suficiente para cubrir la totalidad de estos costos.

“Adicional a la Revocatoria Directa en torno a la definición del nuevo valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el 2025, en la comunicación al Ministerio de Salud solicitamos que se entreguen los estudios previos realizados para la estimación de este incremento de la forma como lo estableció la Resolución 2717 de 2024, con el fin de ser analizados a la mayor brevedad.”, agregó el líder gremial.

No se puede desconocer la crisis financiera del sector salud que vive el país y las consecuencias irreparables que conllevaría este incremento, por lo cual es necesario realizar un reajuste fundamentado en estudios técnicos, y analizando de manera profunda la realidad del sector, deforma que no se desfinancie aún más el sistema y que pueda derivar en una crisis mayor, y lo que es peor, en una afectación mayor en la oportunidad de la prestación de los servicios a los usuarios, generando barreras de atención.

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El incremento

Y es que el incremento del 5.36% de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, valor que el Estado le paga a las EPS por la atención de cada usuario, oficializada hace tres días por parte del gobierno, ha seguido desatando una serie de críticas de asociaciones médicas, EPS, IPS, expertos y ex ministros.

Esto al considerar que la suma aumentada no solo no cubre el creciente costo médico en las EPS sino que incrementa la crisis económica del sector que padece desde hacer varios años y que ha obligado al gobierno a intervenir la mayoría de las promotoras de salud.

El valor fue oficializado por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia mediante la resolución 2718 de 2024, que en concreto establece la actualización de los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para la vigencia 2025.

La norma expedida redefinió los lineamientos para garantizar el acceso a la salud de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Según se señala en los considerandos de la norma, la actualización de los servicios y tecnologías financiados con la UPC para 2025 responde a los avances científicos y las dinámicas cambiantes del sistema de salud.

Precisa que está en concordancia con la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS), esta actualización incorpora pruebas diagnósticas, como las relacionadas con el SARS-CoV-2, y ajusta los listados de medicamentos esenciales y genéricos según las recomendaciones de la Comisión Asesora de Beneficios.

Destaca la resolución un enfoque progresivo de esta política busca garantizar un acceso oportuno y sostenible, considerando la gradualidad en la implementación de nuevas prestaciones y tecnologías.

“Este ejercicio es esencial para mantener un equilibrio entre la innovación terapéutica y la sostenibilidad financiera del sistema, en concordancia con las condiciones epidemiológicas y operativas del país.

La actualización abarca nuevos medicamentos, procedimientos y tecnologías, alineados con avances científicos y las necesidades epidemiológicas del país. La inclusión de estos servicios responde a las recomendaciones de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación”, resaltó Consultorsalud.

Intimidades de la norma

Pocas horas después de expedida la norma, se conocieron las observaciones de los expertos, entre ellos el exministro de Salud del gobierno Duque, Fernando Ruíz.

“Se les advirtió desde el principio,  pero destruyeron la capacidad técnica del @MinSaludCol lo llenaron de activistas. Desvertebraron la Dirección que calcula la UPC -este año ha tenido 3 directores-. Salieron de los técnicos de @MinHacienda y @DNP. Intervinieron EPS con personas no idóneas -reconocido en sus propios despidos- porque no pudieron allegar información, ni cerrar estados financieros”. Indicó Ruíz.

El exfuncionario señaló: “Y ahora le echan la culpa a sus propias intervenidas EPS. La verdad es que desde el cálculo de UPC 2023 dejaron de usar la información de gasto médico y han venido ajustando la UPC de manera arbitraria. Pero su única capacidad para responder a los colombianos es con narrativas y cuentos”.

Adicionalmente, sentenció, “Se confunden quienes creen que estamos defendiendo las EPS, hoy la mayoría están intervenidas o hicieron acuerdos con el gobierno. Ex ministros , ex viceministros, asociaciones médicas y de enfermería, asociaciones de pacientes, centros de investigación, gremios y la sociedad están defendiendo el derecho a la salud, severamente afectado por las decisiones tomadas y la desfinanciacion de la UPC. Es urgente que se proteja a los miles de pacientes crónicos que hoy tienen en riesgo su vida y cuyo deterioro es evidente para los médicos de Colombia”.

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