Siete policías que ubicaron al 'Mono Jojoy' ahora son investigados por complicidad con las guerrillas que infiltraron

Un calvario viven siete agentes de inteligencia de la Policía Nacional que fueron fichas claves para ubicar al 'Mono Jojoy' y ´Megateo' y para el desarrollo de importantes misiones contra grupos guerrilleros del país; pues ahora enfrentan una investigación en la que se les acusa de supuestamente auxiliar a las guerrillas que infiltraron.

El laberinto judicial en el que terminó envuelto un coronel retirado de la Policía y junto a él otros seis uniformados que lo acompañaron en misiones contra las Farc, el ELN y el EPL, logrando capturas, allanamientos de droga y localización de importantes objetivos guerrilleros, pues ahora están acusados por la Fiscalía de ser parte de una organización criminal que a cambio de dinero, permitió que los grupos armados ilegales transportaran droga por todo el país.

Los uniformados hicieron parte de una Comisión de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) entre 2013 y 2015, entre los departamentos de Cauca y el Valle del Cauca, para conseguir información que pudiera involucrar a los frentes 8 y 30 de las Farc, el comando central del ELN y las cabezas del EPL. Dentro de la misión, también hubo uniformados infiltrados que terminaron transportando droga haciéndose pasar por conductores de camiones, con el fin de luego capturar a los responsables e incautar las sustancias ilícitas. Uno de ellos, hoy lucha contra la justicia para demostrar que estaba arriesgando su vida infiltrándose en el tráfico de droga para desmantelar las operaciones y no estaba en lo contrario de su registro de labores como lo señalan en las acusaciones en su contra.

Una de las operaciones en octubre del 2014 tenía como objetivo acercarse mediante la infiltración de un agente, al jefe del Frente 30 de las Farc, alias 'Nelson Munguido', quien había ordenado transportar 100 kilogramos de cocaína desde el municipio de Caloto en el Departamento del Cauca hasta las ciudades de Cali, Bogotá y Barranquilla. 'Nelson Munguido', era un objetivo de alto valor para las autoridades colombianas y también para la DEA, que tenía pleno conocimiento del tráfico de importantes cantidades de cocaína que el guerrillero envió hasta territorio estadounidense.

Todas las misiones realizadas fueron bajo el aval de la Dijín y de un grupo de fiscales que autorizó los agentes infiltrados y el uso de las fuentes humanas para dar con el objetivo. El grupo de los siete policías siempre contó con el respaldo de funcionarios de la entidad, especialmente de la Unidad de Antiterrorismo y de la Dirección de Antinarcóticos y Lavado de Activos. Sin embargo, en algunas tareas de infiltración, el proceso de las aprobaciones de la Fiscalía se hizo más dispendioso de lo normal y para no poner en riesgo la fachada del agente encubierto y de las fuentes humanas, la Comisión de los siete policías autorizó las operaciones. Por este motivo, en varios de los reportes y en los documentos oficiales las fechas no coinciden con el día en el que se realizaron las entregas vigiladas de la droga o las capturas de los implicados en estas actividades criminales.

De este modo, sin la firma del director nacional de fiscalías se aseguraron que otro fiscal tuviera pleno conocimiento de las operaciones. “No se movió un dedo sin que la fiscal lo supiera. Ella nos guió y supo todos los detalles. Ella sabía que, si no seguíamos adelante, la fachada se le caía a la fuente y lo mataban”, explicó uno de los uniformados involucrados en el proceso judicial al diario El Espectador. 

Para la Fiscalía, la inconsistencia en las fechas de los reportes de inteligencia con los días en que en realidad se llevaron a cabo las operaciones, es la prueba de que el grupo de los siete uniformados en realidad estaría ayudando a la guerrilla a que traficaran las sustancias ilícitas por todo el país. La teoría del ente investigador, surgió luego de que se diera la captura de un policía, que había hecho parte de la comisión del Cauca, pero que estando de vacaciones, fue capturado transportando droga en un carro particular.

En el proceso investigativo, la Fiscalía ofreció beneficios al detenido a cambio de información que permitiera conocer quien más estaría auxiliando a la guerrilla en sus operaciones ilícitas. En 2016, el grupo de los siete policías conoció la indagación en su contra, sin embargo no se les permitió su defensa en el interrogatorio a diferencia del otro agente detenido a quien le ofrecieron beneficios judiciales por testificar en contra de toda la comisión del Cauca, y el 9 de febrero de 2017 fue nuevamente capturado transportando marihuana y armas

A pesar el expediente judicial del uniformado, la Fiscalía determinó creíbles sus acusaciones y capturó a los demás agentes, por facilitar el envío de cocaína del Clan del Golfo.

“Unos se encargaban de facilitar el desplazamiento y garantizar que la autoridad policial ajena al grupo no interrumpiera el transporte ilícito de la sustancia estupefaciente bajo la certificación a las autoridades que advertían el tráfico ilícito. Otros coordinaban la designación del personal y reuniones con los dueños de los alijos. Otros transportaban la sustancia y el dinero producto de esa comercialización en vehículos”, se lee en el documento de acusación. Los uniformados fueron imputados con los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por uso, por la fiscal del caso, Gladys Palechor Obando.

Para la jueza 16 de Garantías de Popayán las pruebas presentadas por la Fiscalía no son garante de que los uniformados estuvieran en labores contrarias a las de inteligencia infiltrada, y negó la solicitud de enviarlos a la cárcel, “el material probatorio aportado por la Fiscalía conlleva a afirmar unos hechos que son labores operativas necesarias e indispensables para resquebrajar grupos delincuenciales”, aseguró la jueza. Sin embargo, la fiscal apeló la decisión de no mandarlos a la cárcel. Por lo que en segunda instancia el juez 15 de conocimiento de Popayán dijo: “No cree este despacho judicial que con los soportes o elementos materiales probatorios que tiene la fiscal se pueda determinar que efectivamente ellos [los policías] estaban por fuera de la ley hasta el punto de ser sancionados o ser judicializados frente a los hechos que se le han narrado”.

En las declaraciones de la fiscal Bertha Cecilia Neira aseguró que en más de una ocasión los uniformados acudieron a ella a pedirle autorización para operaciones de agente encubierto o entregas controladas de droga, sin embargo, mientras infiltraron el frente 30 de las Farc, en una serie de operaciones que se hicieron en el 2014 en el Cauca, la autorización que debía llegar de Bogotá se demoró y el coronel que coordinaba el grupo decidió dar luz verde él mismo a la operación porque de lo contrario, la vida de las fuentes y los agentes encubiertos corría peligro.

A pesar de esto, la fiscal Palechor continuó con las investigaciones y en marzo de 2018 radicó un escrito acusatorio de 47 páginas en el que reitero los cargos de los que señala a los siete policías. Sin embargo, no ha podido iniciar el juicio, pues la Justicia Penal Militar abrió una investigación paralela para juzgar a los procesados, la jueza 186 de instrucción militar, Francy Helena Castaño pidió al juez ante el que iban a ser acusados los policías que le remitiera el caso. “Revisadas las funciones que a los investigados les correspondía como miembros de la Policía Nacional, adscritos a la Dijín, es claro para este despacho que las conductas delictivas que pudieron cometerse en el desarrollo de su actividad son de competencia de la Jurisdicción Especial Militar”, escribió la jueza, sin embargo el juez se rehusó ante esta petición por lo que envió la discusión a la Corte Suprema de Justicia, que será ahora la encargada de decidir si el grupo de los siete policías será juzgado por la Justicia Militar como lo apeló su defensa, o por el contrario serán puestos a disposición de la justicia ordinaria donde sienten que no tienen garantías en su proceso.

Créditos: El Espectador

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