Seis abogados defendieron a Colombia en el caso de la Haya

Hacia las 4:00 de la mañana (hora colombiana) la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Nicaragua y aseguró que Colombia debe cesar inmediatamente sus actividades marítimas en aguas nicaragüenses.

Se argumentó una supuesta violación de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe. Se definió que no se podrá realizar operaciones de patrullaje marítimo, controlar la pesca y las investigaciones en agua que dicho tribunal considere como zona exclusiva nicaragüense.

En dicho fallo, La Haya precisó:

Colombia ha violado su obligación internacional de respetar los derechos y jurisdicción de Nicaragua sobre su zona económica exclusiva, interfiriendo con actividades de pesca e investigación marítima y sobre embarcaciones de Nicaragua

Para este pleito internacional, el Estado colombiano contrató a seis especialistas en Derecho Internacional Público, de los cuales solo uno tiene la nacionalidad colombiana. Esta es una de las tres demandas interpuestas por Nicaragua contra Colombia y los dos principales defensores nacionales han costado 8.700 millones y no son especialistas en derecho marítimo.

El equipo de juristas defensores de Colombia estaba integrado por:

• Michael Reisman

Estadounidense y presidente del Tribunal Arbitral del Banco de Pagos Internacionales. Es miembro del Instituto de Derecho Internacional y profesor titular de derecho internacional de la Universidad de Yale.

• Rodman Bundy

También estadounidense y socio del Departamento de Solución de Controversias asociado a la firma internacional ‘Squie Patton Boggs’ con experiencia en líos internacionales.
 

• Sir Michael Wood

Un inglés de la Universidad de Cambridge con experiencia en derecho internacional y actual miembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. Por otro lado, Wood también es litigante de Twenty Essex Street Chamber.

• Jean – Marc Thouvenin

Francés y secretario general de la Academia de Derecho Internacional de la Haya y académico de la Université Paris Ouest Naterre-La Défense, en París.

• Laurence Boisson de Chazournes

Chazournes es la cuota femenina. Mujer francesa que dirige la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de la Universidad de Ginebra, Suiza. Boisson también hace parte de la firma de abogados conocida como Matrix Chambers con sede en Londres.

• Eduardo Valencia – Ospina

Valencia es una de las cuotas colombianas del equipo de defensores. Es miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y fue consultor en derecho internacional de la firma Frere Cholmeley/Eversheds, en París.

No obstante, en el equipo de defensa de Colombia también estuvieron el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta, en calidad de Agente, y el exmagistrado Manuel José Cepeda, como Coagente.

Por un lado, Arrieta fue magistrado del Consejo de Estado y decano de Derecho de la universidad de los Andes.  Es un jurista con experiencia en estructuración de proyectos, arbitraje nacional e internacional, contratación estatal e infraestructura, derecho minero y de petróleos y asesor externo de compañías nacionales y multinacionales.

Desde el inicio este litigio internacional hasta la fecha, el Estado ha pagado solamente a Arrieta $4.572 millones de pesos, unos $43 millones de pesos mensuales desde el 2013.

Mientras que, desde el 2014, el país le ha pagado a Cepeda $43 millones lo que significa unos $4.197 millones desde esa fecha hasta la actualidad. Abogado que fue magistrado de la Corte Constitucional, decano de Derecho de la Universidad de los Andes, embajador de Colombia ante la Unesco y consejero presidencial de Virgilio Barco y César Gaviria.

Espinosa también fue asesor del expresidente Juan Manuel Santos en las negociaciones con las Farc en Cuba y es experto en derecho constitucional.

Recordemos que la primera demanda de fallo en 2012 en contra de Colombia, ahí perdimos 70.000 kilómetros de zona económica exclusiva. En la segunda demanda Nicaragua solicitó 80.000 kilómetros de plataforma continental extendida y l tercera es la de hoy.

Expertos han señalado que estos litigios se hubieran podido evitar si en 1994, en el gobierno de Cesar Gaviria cuando Colombia se enteró de las pretensiones litigiosas de Nicaragua se hubiera renunciado a esa jurisdicción.

En el año 2001, el entonces presidente Andrés Pastrana consideró renunciar al Pacto de Bogota pero el país ya había sido notificado de la misma.

Fue solo hasta en el año 2012 cuando el país dio un paso al costado, pero ya era una reacción tardía pues se hizo después del primer fallo y cuando ya se habían presentado dos demandas más, entre esas la de la sentencia de hoy.

El gobierno Duque intentó que la Corte Internacional de Justicia aplazara la lectura del fallo hasta después del 7 de agosto, día en el que se posesionará su sucesor, argumentando que cualquier decisión podría afectar la contienda electoral.

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