Procuraduría formula cargos contra funcionarios de MinTIC

El polémico contrato del ministerio de las TIC, que llevó a la renuncia de la ministra Karen Abudinen y que tienen en investigación, entre otros, a Emilio Tapia, lleva a más personas a la indagación, esta vez por parte de la Procuraduría.

El ente de control anunció la formulación de cargos por presuntas irregularidades en la adjudicación, celebración y ejecución del contrato de aporte 1043 del 18 diciembre de 2020.

Este celebrado entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC), Unidad Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), y la Unión Temporal (UT) Centros Poblados.

 

De esta forma se notificó sobre la formulación de pliego de cargos e inicio de procedimiento verbal disciplinario contra los siguientes funcionarios del MinTIC y de la UT descrita:

Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general MinTIC

Según el Ministerio Público, “Meza Consuegra tendría responsabilidad disciplinaria en la comisión de la falta gravísima prevista en el artículo 48 numeral 31 del Código Disciplinario Único, por participar en la etapa precontractual de la licitación pública FTIC-LP-038-2020, y en la actividad contractual del contrato de aporte 1043 de 2020, desconociendo los principios de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva que rigen la contratación estatal”.

Además, entre sus presuntas acciones reprochables se encontraron:

1. Abrir la licitación través de la Resolución 719 del 23 de septiembre de 2020
2. Adjudicar la región B de este proceso de selección a la UT Centros Poblados Colombia 2020, mediante la Resolución 1138 del 9 de diciembre de 2020

Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual MinTIC

Habría incurrido en irregularidades en la etapa precontractual al desconocer los principios de selección objetiva, economía y responsabilidad, al habilitar, mediante evaluación jurídica, la propuesta presentada por la Unión Temporal “Centros Poblados Colombia 2020”.

Pues, “al parecer, no cumplía con los requisitos exigidos en el numeral 8.3. de los pliegos de condiciones, toda vez que con su propuesta presentó garantía bancaria de seriedad de la misma, sin que esta hubiese sido expedida realmente por el Banco Itaú CorpBanca Colombia S.A, como lo aseveró el licitante en la oferta que presentó a la entidad contratante el 28 de octubre de 2020”.

Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura MinTIC

Por su parte, contra Carlos Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura del MinTIC y supervisor del contrato, habría permitido

“La modificación de las conclusiones, recomendaciones y observaciones dispuestas por el consultor consorcio TELBROAD-PROFIT, sin mediar estudios que sustentaran la modificación, desconociendo supuestamente el principio de responsabilidad previsto en el artículo 26 de la ley 80 de 1993”, asegura la Procuraduría.

Luis Fernando Duque Torres, representante legal UT Centros Poblados 2020

El representante de la UT Centros Poblados Colombia 2020 habría falsificado las garantías bancarias por él suscritas y presentadas para amparar el buen manejo y correcta inversión del anticipo, el cumplimiento general del contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.

Lo anterior con el fin de acreditar la existencia de las mismas y posibilitar el inicio de la etapa de ejecución contractual y el desembolso del valor pactado contractualmente a título de anticipo.

Así, pudo haber incurrido en el tipo disciplinario previsto en el artículo 55 de la ley 734 de 2002, que establece la falta disciplinaria del régimen de los particulares.

Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, que ejerce la interventoría del contrato en mención.

Izquierdo es vinculada al proceso en su condición de representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”. Se puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria al no haber verificado ni validado el cumplimiento de los requisitos para la realización del primer Comité Fiduciario del 26 de marzo del 2021.

No verificó, ni garantizó la correcta citación al Banco ITAÚ al comité, porque de haberlo hecho, se habría evidenciado la falsedad de la que adolecía la garantía bancaria, antes del desembolso del valor del anticipo por parte del FonTIC.

 

De esta forma, “el lugar y fecha de la instalación de la audiencia se programará por parte de la Procuraduría Delegada de Juzgamiento, previo reparto, actuación que se comunicará oportunamente a todos los sujetos procesales, a quienes se les advierte que, si lo desean, pueden estar asistidos por un defensor de confianza de conformidad con lo establecido en el Código Disciplinario, artículo 177 de la Ley 734 de 2002”, finalizó la entidad.

Cabe recordar que en investigación también se encuentra Emilio Tapia, conocido por el 'Carrusel de la Contratación' en Bogotá, además de Juan Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados y Juan José Laverde Martínez, representante de Rave Agencia de Seguros. 

Contra los tres implicados se presentan pruebas por falsedad de documento privado y fraude procesal. Estos cargos no fueron aceptados por los involucrados en el contrato de $70.000 millones del MinTIC que buscaba llevar conectividad a las zonas apartadas del país.

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