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Procuraduría destituye a Olmedo López y Sneyder Pinilla
La sanción se da por las irregularidades que afectaron el patrimonio público en la compra de vehículos para abastecer de agua potable a La Guajira.
La Procuraduría General de la Nación anunció este lunes la destitución e inhabilidad general de tres exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por su participación en un escándalo de sobrecostos en la compra de carrotanques destinados a abastecer de agua potable a las comunidades de La Guajira.
El exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez, fue sancionado con destitución e inhabilidad por 18 años, mientras que el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, recibió una sanción de 20 años. Además, el exsubdirector General, Víctor Andrés Meza Galván, fue destituido e inhabilitado por 10 años por facilitar el pago irregular al contratista involucrado.
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Sobrecostos millonarios en la compra de carrotanques
La investigación reveló que los tres exfuncionarios autorizaron el pago de más de $16 mil millones por la adquisición de 40 carrotanques, un monto que superó en más del 54 % los precios reales del mercado. Según los hallazgos, se pagaron más de $412 millones por cada vehículo, una cifra significativamente superior al valor estimado.
La Procuraduría determinó que Olmedo López participó activamente en la firma de la orden de compra y autorizó el pago de recursos públicos. Por su parte, Sneyder Pinilla omitió advertir que las cotizaciones recibidas excedían ampliamente los precios del mercado y certificó falsamente que los vehículos fueron entregados a satisfacción, pese a que no se utilizaron para el propósito previsto.
Víctor Meza, en tanto, facilitó el pago irregular al contratista, contribuyendo al detrimento del patrimonio público.
Faltas gravísimas con dolo
La Procuraduría calificó estas actuaciones como faltas gravísimas cometidas con dolo y desatención a los principios de moralidad, eficacia y economía que rigen la función pública. Además, enfatizó en la afectación al patrimonio público y al propósito social de la compra, que buscaba aliviar la crisis de acceso a agua potable en La Guajira.
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