Procuraduría advierte sobre graves desigualdades para personas con discapacidad

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente para enfrentar las profundas brechas que persisten en el acceso a oportunidades laborales y educativas para esta población en Colombia. 

Según cifras del Dane, la tasa de participación laboral de las personas con discapacidad es de apenas el 23.5%, muy por debajo del promedio nacional del 66.4%.

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El panorama en educación superior también resulta preocupante: solo 17 de cada 100 personas con discapacidad logran matricularse en programas universitarios, una proporción significativamente menor que la de la población sin discapacidad. 

En el sector público, los índices de inclusión son igualmente bajos, con solo el 0.85% de los empleados de planta y el 0.41% de los contratistas del Estado perteneciendo a esta población, según datos actualizados al 31 de octubre de 2024.

"Estas cifras son un llamado urgente a la acción. No podemos hablar de inclusión si millones de personas con discapacidad continúan enfrentando barreras para acceder a oportunidades laborales y educativas", afirmó la Procuradora General, Margarita Cabello.

Avances en inclusión

Pese a las dificultades, la Procuraduría destacó avances significativos en 2024, incluyendo la realización de 1.402 acciones judiciales y 90 preventivas para proteger los derechos de las personas con discapacidad. Estas iniciativas abarcaron visitas a EPS, procesos de adjudicación de apoyos y la revisión de sentencias de interdicción.

Además, la entidad implementó un protocolo de atención inclusiva en sus sedes, adaptando contenidos legales a formatos accesibles como Braille, macrotipo y lengua de señas. También capacitó a funcionarios y ciudadanos sobre los derechos de las personas con discapacidad, fortaleciendo su capacidad legal y de inclusión.

La Procuraduría instó al Gobierno a reglamentar la Ley 2418 de 2024, que establece que al menos el 7% de los empleos en el sector público deben ser ocupados por personas con discapacidad. "Esta reglamentación es vital para garantizar que el Estado cumpla con su deber de ser un ejemplo de inclusión", subrayó Cabello Blanco.

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