Procurador pide tumbar decreto del Gobierno sobre educación en el Catatumbo

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el decreto legislativo 155 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional para atender la crisis humanitaria en el Catatumbo mediante obras de infraestructura y dotación educativa. Según el jefe del Ministerio Público, las medidas adoptadas exceden las facultades otorgadas en un estado de conmoción interior.

El decreto, que busca mejorar el acceso a la educación en distintos niveles en esta región del país, fue considerado por Eljach como una respuesta a problemas estructurales más que a una perturbación actual del orden público, como exige la Constitución para declarar un estado de excepción.

"El material probatorio del Decreto bajo estudio no logra demostrar que la crisis de orden público se haya agravado con el aumento de la violencia registrado desde enero de 2025, pues los datos en los que se fundamenta son cifras del 2023 y años anteriores", señala el concepto emitido por la Procuraduría.

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En opinión de Eljach, no existe conexidad material entre las causas de la conmoción y las medidas adoptadas. "La escalada de violencia de los grupos armados en la zona del Catatumbo no obedeció a la falta de oferta educativa", puntualizó el funcionario, al advertir que aunque la educación es clave en la transformación de territorios vulnerables, no puede ser abordada bajo una declaratoria de conmoción.

Además, el procurador fue enfático en señalar que el Gobierno Nacional estaría desconociendo los límites de los estados de excepción, al intentar legislar sobre temas estructurales mediante decretos con fuerza de ley. 

"Esto implica que el Ejecutivo se auto reconozca facultades legislativas de forma injustificada, en perjuicio del principio democrático y la separación de poderes", advirtió.

También se cuestionó la permanencia de las medidas, pues las obras propuestas no tendrían carácter excepcional, como lo exige el régimen de excepción. La Procuraduría manifestó su preocupación sobre la falta de claridad en la financiación futura para el mantenimiento de las infraestructuras educativas una vez vencido el decreto.

Además del decreto 155, el Ministerio Público conceptuó sobre otros tres decretos legislativos. Respecto al decreto 119, que establece medidas de protección laboral en el Catatumbo, pidió que se declare exequible, al considerar que cumple con los requisitos y está debidamente motivado.

En cuanto al decreto 121, sobre agua, saneamiento y vivienda, solicitó declarar exequibles los artículos relacionados con subsidios y el uso extraordinario de recursos del Sistema General de Participaciones. No obstante, pidió que se declaren inexequibles los artículos 4 y 5 sobre uso del suelo, por carecer de justificación técnica y vulnerar competencias de los entes territoriales.

Finalmente, frente al decreto 117 de 2025, relacionado con medidas extraordinarias en turismo, el procurador solicitó su exequibilidad condicionada, con la inclusión expresa de los municipios de Río de Oro y González, en el departamento del Cesar, dentro de los beneficiarios.

La Corte Constitucional deberá ahora estudiar los argumentos del Ministerio Público para tomar una decisión definitiva sobre la legalidad de estos decretos expedidos en el marco del estado de conmoción interior.

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