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Por tortura a internos, cargos a 3 funcionarios del Inpec
La Procuraduría formuló cargos contra tres funcionarios por dichos actos
En las últimas horas la Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el capitán del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, Ever Alberto Aragón, y los dragoneantes, Diego Javier Salazar Álvarez y José Manuel Cardona Castillo por actos de supuesta tortura a cuatro presos de la penitenciaría de Calarcá, Quindío.
Los hechos se presentaron el 2 de enero de 2014, cuando los internos Arleison Julián Sánchez Betancur, Christian David Quintero Villamil, Ever Andrés García Marín y Jeison Julián García Hernández, se remitieron al comando de vigilancia del penal con el propósito de solicitarle al capitán ser reubicados en otro patio porque temían por su seguridad.
Según el ente de control, “la solicitud generó malestar en el referido oficial, quien aparte de negar la misma, procedió a agredir verbalmente a los solicitantes, mientras los retiraba de su oficina. Acto seguido, fueron trasladados al sector de la reja tres del penal, donde se encontraban los dragoneantes Salazar y Cardona, quienes, en compañía de Aragón, procedieron a propinarles malos tratos físicos y verbales mientras estos se encontraban esposados”.
No obstante, al siguiente día, los internos denunciaron la situación ante la dirección penal la cual realizó el procedimiento de investigación de manera disciplinaria.
De hecho, el defensor público indicó como pruebas que “El pasado 2 de enero de 2014, cuando en presencia de este servidor, de la asesora jurídica del establecimiento, del doctor Walter Aquiles, defensor del pueblo, y varios funcionarios más, saco de manera violenta agrediendo física, y verbalmente a un grupo de 4 internos, que habían sido conducidos hasta el comando de vigilancia, por el personal de guardia, para que se les solucionara una solicitud referente a su seguridad personal, y muy a pesar de que estos internos se encontraban con las restricciones puestas, el señor comandante los agredió físicamente y déjeme decirle que el vocabulario con el que se refirió a ellos es el más bajo que mis oídos han escuchado"
Ante esto, la Procuraduría formuló cargos a los tres miembros del Instituto por presunta infracción de su deber funcional al incurrir en la conducta de tortura.
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