Policías vinculados en espionaje a exniñera Marelbys Meza cooperarán con la justicia

Agentes implicados en escuchas ilegales, hostigamientos y seguimientos a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, se disponen a colaborar con la justicia. 

Se espera que revelen detalles sobre la operación que la afectó, incluyendo la prueba de polígrafo ilegal realizada en los sótanos frente a la Casa de Nariño, donde fue investigada y perseguida bajo la falsa acusación de ser colaboradora del Clan del Golfo.

Dana Canizales, una patrullera capturada junto a otros cuatro policías por manipular informes judiciales y engañar a fiscales, ha aceptado cargos y firmado un acuerdo de colaboración con la justicia. 

Su confesión podría incentivar a otros uniformados, como el intendente Alfonso Quinchanegua, a seguir su ejemplo.

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El proceso judicial destaca el uso irregular del aparato de inteligencia del Estado, donde un coronel ha fallecido en circunstancias aún por esclarecerse, y se señalan abusos significativos, incluyendo la implicación del coronel Carlos Feria, jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, según la Fiscalía.

Las confesiones y colaboraciones de los implicados apuntan a esclarecer cómo Meza fue objeto de persecución y vigilancia, mediante la falsificación de informes y el engaño a fiscales para interceptar comunicaciones.

Además del intendente Quinchanegua, el patrullero Freddy Alexánder Gómez ha decidido confesar y cooperar con la Fiscalía, revelando quién dio las órdenes para acusar falsamente a Meza. 

Otros dos policías, el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero John Freddy Morales, también formaban parte del equipo responsable de redactar informes basados en mentiras, engañando así a las autoridades judiciales.

Estos hechos evidencian un plan criminal para recuperar 4.000 dólares, cifra que podría ser mayor. La aceptación de cargos y las confesiones de los implicados no solo agilizan el proceso judicial, sino que también denuncian el uso indebido del poder estatal para fines ilegales.

Las víctimas han estado presentes en las negociaciones de la Fiscalía con Canizales e instan a otros uniformados a colaborar, esperando que se revelen los nombres de quienes ordenaron estas acciones y se haga justicia. “Pedimos que los demás procesados también colaboren y revelen quién les dio las órdenes”, declaró el abogado de víctimas, Wilson Pulido.

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