Pese advertencia de pérdida del pleito por pasaportes canciller Leyva dice que no va a conciliar

La Cancillería de Colombia enfrenta un dilema crucial en su proceso con la empresa Thomas Greg & Sons, responsable de la expedición de pasaportes. 

Ante una demanda millonaria presentada por esta firma el 24 de octubre, que asciende a 117 mil millones de pesos por supuestos daños a sus derechos económicos, la entidad se encuentra en una encrucijada. El 30 de noviembre marca la fecha límite para decidir si opta por un acuerdo conciliatorio o enfrenta un litigio.

Este escenario se ve complicado por la postura del canciller Álvaro Leyva Durán, quien, en desacuerdo con la mayoría del “Comité́ de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores y de su Fondo Rotatorio”, incluida Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, se muestra reacio a la conciliación, según reportó Caracol Radio.

Leyva Durán, apoyándose en la voluntad del presidente Gustavo Petro y con la perspectiva de enfrentar consecuencias personales en caso de perder el litigio, ha instruido a sus delegados a no optar por la conciliación.

A pesar de las opiniones divididas dentro del comité, que incluye a miembros clave de la Cancillería, el análisis jurídico sugiere una alta probabilidad de perder la demanda, superando el 90%. 

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado ha recomendado buscar una vía conciliatoria, advirtiendo que de no hacerlo, la nación podría enfrentar una pérdida significativa.

El comité también ha propuesto la organización de mesas de trabajo con Thomas Greg & Sons para explorar posibles acuerdos y evitar el conflicto legal. 

Sin embargo, una reciente cancelación de una reunión con la firma podría indicar una inclinación hacia la postura del canciller de negar la conciliación, lo que implicaría arriesgar una suma considerable en un litigio con pocas posibilidades de éxito.

Cabe destacar que, en un giro inesperado, la Cancillería contrató de forma temporal y directa a Thomas Greg & Sons para continuar con la elaboración de los pasaportes, tras declarar desierta una licitación previa sin justificación legal clara, acción que desencadenó la demanda de la empresa.

La decisión final, que debe ser notificada a la Procuraduría, se tomará por mayoría simple de los miembros del comité. Este caso representa no solo un desafío legal y financiero para la Cancillería, sino también un testamento de las dinámicas internas y las decisiones estratégicas en el manejo de conflictos contractuales en el sector público colombiano.

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