Página de libreta de congresista Karen Manrique evidencia nombres de congresistas en caso UNGRD

Se ha hecho público un documento que aparentemente vincula a varios miembros del Congreso con un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

Este documento, escrito por la representante a la Cámara Karen Manrique y divulgado por Semana, enlistaría a colegas suyos en una supuesta negociación con el gobierno para la compra de votos.

Olmedo López, quien fue director de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, su subdirector, han presentado múltiples pruebas que, según ellos, son irrefutables. 

Dentro de estas pruebas, se encuentra lo que López ha denominado como "la prueba reina", un documento en el que Manrique, con su propia escritura, enumeró a cinco congresistas que, según las acusaciones, habrían recibido beneficios económicos a cambio de su apoyo a iniciativas del gobierno. 

Los nombres mencionados son Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y la propia Manrique. Estos contratos sumarían alrededor de 92.000 millones de pesos, distribuidos en tres proyectos en diferentes municipios.

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El documento en cuestión es una libreta de color amarillo, con páginas cuadriculadas, en la cual se observan dos tipos diferentes de letra, una de ellas identificada por López como la de Manrique y la otra como la suya. 

En la misma libreta, Pinilla añadió una página más donde confirma los montos y los proyectos implicados en la negociación.

Además de este documento, hay registros de múltiples visitas de Manrique a la UNGRD, donde se encontró con directivos de la entidad y revisó el progreso de los contratos supuestamente acordados. 

En cada visita, Manrique listaba a un señor Gustavo González como su contacto de emergencia, quien también visitó la entidad por su cuenta en dos ocasiones, reportándose como enviado de la Cámara de Representantes.

Esta situación ha llevado a que los seis congresistas mencionados en el documento sean objeto de una investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia. La gravedad de las acusaciones recae en el contexto de las pruebas presentadas y las implicaciones políticas que conllevan, donde incluso el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se ve involucrado por la necesidad apremiante de asegurar votos para financiamientos cruciales para el país.

Los chats entre López y Manrique, también proporcionados como evidencia, muestran los esfuerzos de la congresista por asegurar una reunión con López tras su suspensión temporal de la UNGRD, destacando su persistencia incluso después de varios intentos fallidos de comunicación.

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