Nuevos detalles del operativo de captura de disidentes de Farc protegidos en carros de la UNP

En un retén del Ejército dispuesto en vías de Antioquia se interceptó una caravana de camionetas blindadas de a la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad adscrita al Ministerio del Interior.

En dichos vehículos que por ley le son asignados a personas que por su ejercicio profesional tienen riesgo extraordinario de seguridad, es decir peligro inminente y amenazas contra su vida por delincuencia común o grupos al margen de la ley, paradójicamente en estas se desplazaban siete cabecillas de las sanguinarias disidencias de las FARC.

Durante la inspección que se prolongó durante cuatro horas, se encontraron en los vehículos de alta gama toda clase de objetos ilícitos que incluían una considerable cantidad de dinero en efectivo, específicamente 60 millones de pesos, además de oro y diversas armas.

El grupo estaba compuesto por Édgar de Jesús Orrego Arango, conocido como Leo o “Firu”, quien es uno de los líderes del frente 36 de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC). 

Viajaba junto a personas identificadas por los alias Érika Castro y Boyaco. La operación se llevó a cabo en la madrugada de este martes en la vereda Porcesito del municipio de Cisneros, donde los vehículos fueron detenidos alrededor de las cinco de la mañana y custodiados por más de ocho horas.

Los informes preliminares indican que la caravana podría haber partido desde Tibú, en Norte de Santander, o incluso desde Venezuela, aunque esta última información aún está por confirmarse. Su destino final era el municipio de Anorí, también en el Nordeste de Antioquia.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, criticó severamente la falta de controles adecuados en la coordinación de los vehículos, señalando que elementos como dinero y armas no deberían transportarse en vehículos destinados a la protección. Además, en los automóviles se encontraron otros equipos tecnológicos como computadores, memorias USB y celulares.

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Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, confirmó el hallazgo de armas y oro en los vehículos, aunque no pudo confirmar la presencia de drogas. 

La situación culminó con la detención de dos personas que ya tenían órdenes de captura vigentes, quienes junto con los demás detenidos fueron trasladados al batallón Pedro Nel Ospina para el procedimiento correspondiente.

Al respecto Camilo González jefe negociador con las disidencias en un intento por apagar la polémica generada por la situación aseguró que el levantamiento de las órdenes de captura están en trámite.

No obstante a las confusas explicaciones del director Augusto Rodríguez, desde varios sectores se está pidiendo su renuncia.

Esto por los escándalos de envío de droga en carros blindados de la UNP, su confrontación con los sindicatos sin solución, los manejos administrativos inadecuados en la entidad, las diferencias con varios funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro, denuncias de empresarios de la seguridad y el blindaje y ahora por el uso de vehículos blindados para proteger guerrilleros y delincuentes con órdenes de captura.

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