Mueren 56 reclusos en cárcel de Tuluá y un año y medio después profieren cargos contra exdirector de la prisión 

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exdirector (e) de la cárcel de Tuluá, Arley Fernández Torres, y tres miembros del cuerpo de guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, por presuntas irregularidades en el manejo de los disturbios que desembocaron en un feroz incendio, que cobró la vida de 56 personas privadas de la libertad, PPL. 

La conflagración comenzó en la madrugada del 22 de junio de 2022, tras un enfrentamiento entre dos grupos de PPL recluidos en el patio 8, cuyos líderes, (más conocidos como “Plumas”), se disputaban el poder y el tráfico de drogas al interior del establecimiento carcelario.

Luego de una exhaustiva investigación que incluyó recolección de pruebas en el lugar de los hechos, pruebas documentales  y testimonios de PPL y guardianes, el Ministerio Público pudo establecer que el director del penal y los guardianes encargados de la seguridad de ese sector de la cárcel, no habrían tomado las medidas necesarias para evitar que los reclusos tuvieran en su poder armas contundentes, cortopunzantes, encendedores y otros elementos prohibidos que ayudaron a que la situación se saliera de control. 

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También que los componentes altamente inflamables de los gases lacrimógenos utilizados para dispersar el motín, habrían ayudado a que el fuego iniciado por los presos se expandiera rápidamente por todo el pabellón. 

“Las pruebas de campo realizadas nos permitieron evidenciar que el efecto propelente (aerosol) que tienen los componentes de la granada lacrimógena utilizada el día de los hechos para expulsar el agente químico o gas CS, sirvió como multiplicador del fuego producido por las colchonetas que previamente habían sido encendidas presuntamente por el personal privado de la libertad”, asegura la Procuraduría entre sus conclusiones. 

Otros hallazgos tienen que ver con que las órdenes de evacuar a los PPL que permanecían en el patio en llamas se habrían dado cuando ya era tarde y el fuego había tomado dimensiones imposibles de controlar, así como que el oficial al mando de la guardia, que ordenó disparar los gases lacrimógenos, nunca hizo presencia en pabellón afectado y manejó la situación desde un lugar diferente de la cárcel. 

Los cargos endilgados provisionalmente al exdirector y los guardianes tienen que ver con la posible omisión de sus funciones por no haber adoptado y ejecutado las medidas necesarias para la correcta custodia y vigilancia de las personas al interior del establecimiento, velando por su integridad, seguridad y respeto de sus derechos.

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