Minjusticia defiende decreto que establece lineamientos para nombrar gestores de paz

El Ministerio de Justicia ha solicitado al Consejo de Estado que no anule el Decreto 2422 de 2022, el cual establece los lineamientos para designar como voceros de paz a personas privadas de la libertad. La norma ha sido objeto de una demanda que argumenta que vulnera la separación de poderes y compromete la independencia judicial.

El decreto, expedido en diciembre de 2022 por el gobierno del presidente Gustavo Petro, faculta a una comisión intersectorial —compuesta por los ministerios de Justicia, Interior y Defensa, así como el DAPRE— para hacer recomendaciones al presidente sobre posibles candidatos a gestores de paz. Sin embargo, los demandantes afirman que la normativa permitiría al presidente levantar órdenes de captura, lo que, según ellos, afecta el poder judicial.

En respuesta a la demanda, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, defendió la norma en un oficio de cuatro páginas enviado al Consejo de Estado. En el documento, el ministerio sostiene que los demandantes han interpretado erróneamente el decreto, aclarando que este no otorga la facultad de anular decisiones judiciales, ni permite al presidente levantar órdenes de captura.

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Buitrago subrayó que el decreto simplemente otorga a la comisión la capacidad de hacer recomendaciones sobre la designación de voceros de paz, sin intervenir en las decisiones judiciales o en la situación jurídica particular de los ciudadanos. Asimismo, rechazó la idea de que la normativa menoscabe el rol de los jueces en la adopción de medidas de aseguramiento, afirmando que el texto es claro en cuanto a las limitaciones de la comisión.

La ministra también destacó que el decreto es una herramienta crucial para enfrentar las dinámicas del conflicto armado en Colombia, señalando la importancia histórica de los jueces de paz en el país. "Este decreto ayuda a avanzar en la construcción de la paz, respetando las competencias judiciales y promoviendo el diálogo", aseguró Buitrago.

Se espera que el Consejo de Estado se pronuncie próximamente sobre la demanda.

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