Magistrado Gustavo Roa solicita ampliación de medidas de seguridad por amenazas

El magistrado de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, Gustavo Roa Avendaño, ha presentado una solicitud urgente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para la ampliación de sus medidas de seguridad y las de su familia debido a graves riesgos derivados de su trabajo y denuncias.

¿Por qué el magistrado pide ampliar su seguridad?

La solicitud surge a raíz de las acusaciones realizadas por el magistrado Roa contra los empresarios Rafael Matera Lajud y Alfonso Macías Vargas, a quienes pidió investigar por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Estas acusaciones se basan en testimonios de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La preocupación de Roa Avendaño se agravó cuando el 12 de septiembre recibió un inquietante mensaje a través de WhatsApp que alertaba sobre un supuesto plan sicarial dirigido en su contra y atribuido a los mencionados comerciantes. En el mensaje se mencionaba que "los señores de nombre Rafael Matera y un tal mono Macías…contrataron a varios sicarios" con el objetivo de atentar contra su vida y la de su familia.

Además de este mensaje, el magistrado denunció otro incidente ocurrido el 8 de septiembre en el que un conductor relacionado con la familia de Alfonso Macías Vargas, identificado como Adalberto Ortiz, fue sorprendido tomando fotografías a la camioneta propiedad de la familia del magistrado mientras su hijo ingresaba al edificio donde residen.

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Otras investigaciones impulsadas por el magistrado

Ante esta serie de amenazas y el riesgo latente, Gustavo Roa Avendaño ha solicitado medidas de seguridad adicionales. En su petición, ha requerido la asignación de dos hombres más y otro vehículo blindado como garantía mínima para el ejercicio seguro de sus funciones diarias como magistrado de la Sala de Justicia y Paz. Además, ha solicitado que se brinde un esquema de protección a su hijo.

El magistrado también resaltó que, además de las acusaciones de paramilitarismo contra los empresarios mencionados, ha pedido investigaciones sobre más de 40 personas por presuntos nexos con el Frente Pivijay de las AUC, así como acciones relacionadas con varios predios. 

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