Magistrado Gerardo Botero solicita "visita urgente" a la ONU tras asedio a la Corte Suprema en Colombia

En medio de la espinosa elección de quién será la próxima fiscal general entre Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez, la Corte Suprema de Justicia ha sufrido presiones encabezadas por el presidente Gustavo Petro, funcionarios del Gobierno, congresistas de su bancada y ataques coordinados en redes sociales, con la única intención de desprestigiar al alto tribunal, a sus magistrados y presionarlos para una elección inmediata.

En medio de los vientos cruzados, nuevamente, Gerardo Botero, uno de los 23 magistrados de la Corte, levantó su voz y afirmó que en el oscuro capítulo que se vivió en el asedio al Palacio de Justicia sí fueron “retenidos” y responsabiliza directamente al presidente Petro. Además, hace un durísimo señalamiento contra la OEA, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por “intromisión en los asuntos internos del país, desconociendo la realidad, generando presiones y faltando al respeto de los procesos constitucionales”.

Revista Semana revela un nuevo documento enviado a Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, en el que el magistrado Botero pide una visita “urgente” del organismo internacional y cuenta en detalle el asedio sistemático a la Corte Suprema que desencadenó la retención violenta de los togados el 8 de febrero. No se va con medias tintas y le plantea a la relatora que “el Poder Ejecutivo y algunos miembros del legislativo han venido generando expresiones que cuestionan y presionan las decisiones que debe tomar la Corte Suprema”.

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La denuncia va incluso con nombre propio, “si bien en ciertas publicaciones el presidente Petro señala que la Corte Suprema supuestamente tiene su respaldo, de manera continua y confusa hace llamados para deslegitimar y poner en entredicho la decisión respecto a la elección de la persona que será elegida como fiscal; convoca a diferentes actores del Estado para hostigar nuestra tarea constitucional y, además, contrario a todo lo sucedido, desmiente la gravedad de los hechos a partir de los cuales nos vimos retenidos de manera forzosa”.

Con esos argumentos, el magistrado, a quien le han llegado amenazas de todo tipo y ha sido objeto de dos robos en su vivienda, en los que se llevaron sus computadores con delicada información, hizo la solicitud a la relatora Satterthwaite.

“Solicito respetuosamente su rápida intervención para que evalúe y realice un seguimiento permanente a las alegaciones aquí descritas, y que despliegue todas las facultades que su mandato habilita, con el fin de garantizar la independencia de la Rama Judicial de Colombia. De igual manera, le extiendo un llamado para que, de manera urgente, realice una visita oficial a este país, con el fin de corroborar los graves actos que ponen en serio riesgo el balance tripartito del poder público en el país”, pide el magistrado en el duro documento de 20 páginas. 

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