Los nexos ocultos y conflictos de interés en el manejo de los recursos naturales en Colombia

En los últimos meses, la gestión de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha generado una intensa polémica. Aunque presentó un ambicioso plan para detener la pérdida de biodiversidad en Colombia, algunas de sus decisiones despiertan dudas sobre posibles conflictos de intereses. Muhamad, quien trabajó como becaria y consultora en Shell, promueve la “explotación sostenible” de cinco millones de hectáreas, una medida que podría abrir la puerta a la comercialización de recursos naturales. 

Este enfoque, según algunos críticos, resuena con el lenguaje corporativo de compañías extractivistas, como Shell, donde se habla de "aprovechamiento responsable" y "negocios amables".

A estas dudas sobre la ministra, se suman los cuestionamientos hacia dos figuras clave en la junta directiva de Ecopetrol: Mónica de Greiff y Gonzalo Hernández. Ambos están vinculados a Aris Mining, una minera canadiense cuyo accionista mayoritario es Mubadala Investment Co., un fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos. 

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Esta conexión plantea interrogantes sobre el posible conflicto de intereses, dado que tanto De Greiff como Hernández tienen roles activos en Ecopetrol y Aris Mining. Las operaciones mineras de Aris en Colombia, que incluyen la explotación de oro en Antioquia y Caldas, se entrelazan con intereses de inversión extranjera en el país.

En este contexto, el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en 2024 entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos, refuerza la influencia de este país en sectores estratégicos como la minería, los alimentos (con la adquisición de Nutresa), la inteligencia artificial y la aviación. Esta red de intereses no solo afecta a los recursos naturales del país, sino que también despierta suspicacias sobre la transparencia en la toma de decisiones gubernamentales.

El nombramiento de Luis Miguel Merlano Hoyos como embajador en Emiratos Árabes también ha levantado preocupaciones. Merlano proviene de una familia con fuertes lazos comerciales con el mundo árabe, lo que podría reflejar un interés económico más que diplomático en la relación entre ambos países.

Estas conexiones entre políticos, empresarios y gobiernos extranjeros llevan a preguntarse si la administración Petro está actuando con total conocimiento y consentimiento, o si algunos de estos nexos están ocurriendo "a sus espaldas", como lo sugiere Aurelio Suárez en su columna para la revista Semana. 

El caso de De Greiff y Hernández, patrocinados por el expresidente Ernesto Samper, recuerda cómo estos intereses cruzados han permanecido en el poder, influenciando políticas que, supuestamente, deben estar orientadas al bien público.

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