La JEP ordena suspender uso de tierras despojadas en Urabá para proteger a víctimas campesinas

En un nuevo fallo para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ordenado suspender el uso de tierras despojadas en la región de Tulapas, Urabá, por parte de la Reforestadora Integral de Antioquia y el Fondo Ganadero de Córdoba. 

Estas tierras, que abarcan aproximadamente 200.000 hectáreas distribuidas en 58 veredas de los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá, fueron adquiridas durante la violencia ejercida por grupos armados ilegales en los años 90 y principios de los 2000.

La medida cautelar busca proteger los derechos de las comunidades campesinas que fueron forzadas a abandonar sus hogares debido a la presencia de actores armados y los intereses económicos asociados a proyectos forestales y ganaderos en la región. La JEP también solicitó la suspensión temporal de los contratos de usufructo firmados entre la Reforestadora y el Fondo Ganadero de Córdoba, que preveían el desarrollo de proyectos de monocultivos en estas tierras.

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La Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP verificó que las comunidades no han recibido una reparación integral ni han podido acceder de manera definitiva a la restitución de sus predios. La expansión de proyectos forestales sin su consentimiento agrava los riesgos de no recuperar sus tierras, afectando aún más los vínculos territoriales y proyectos de vida de más de 130 familias campesinas y unas 4.000 personas desplazadas.

Las investigaciones de la JEP señalan que las empresas involucradas han tenido presuntos vínculos con actores armados, lo que contribuyó al despojo masivo y sistemático de tierras en Tulapas, consolidando una estrategia militar, económica y política que buscaba el control de la región.

Actualmente, la JEP y otras jurisdicciones especializadas en restitución de tierras continúan avanzando en la identificación de las víctimas y en los procesos de restitución de estos territorios.

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