JEP renuncia a la persecución penal a 11 militares (r) del Batallón 'La Popa'

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió la situación jurídica de 11 exintegrantes del Batallón de Artillería No. 2 'La Popa', quienes participaron en el asesinato de Nohemí Esther Pacheco Zábata, una niña Wiwa de 13 años, y Hermes Enrique Carrillo Arias, un joven Kankuamo de 23 años, presentados como 'falsos positivos' en Valledupar, Cesar, en 2005.

Tras cumplir con los requisitos de verdad plena, reconocimiento de responsabilidad y contribución a la reparación, la JEP les concedió el beneficio de renuncia a la persecución penal, al no ser considerados máximos responsables dentro del patrón macrocriminal de ejecuciones extrajudiciales de la Costa Caribe.

Le recomendamos leer (Condenan a 10 años de prisión a agresor sexual de la menor Sofía Delgado)

Entre los beneficiados se encuentran un teniente, un cabo primero y nueve soldados, actualmente retirados del Ejército, salvo uno que aún sigue activo. En el caso del teniente Ómar Eduardo Vaquiro Benítez, la JEP le concedió el beneficio de manera parcial, pues admitió su participación en dos nuevos hechos que aún están en investigación.

Los asesinatos de Pacheco y Carrillo ocurrieron el 9 de febrero de 2005 en el corregimiento de Atánquez, dentro del Resguardo Kankuamo. Ambos fueron extraídos de su hogar y trasladados a pie hasta el lugar donde fueron ejecutados por miembros de la patrulla 'Dinamarca Uno' del Batallón 'La Popa'. Posteriormente, manipularon la escena del crimen para simular un combate.

Este caso hace parte del patrón identificado por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP en 2021, cuando se imputó como máximos responsables a 15 integrantes del batallón. En total, se han documentado 71 asesinatos y desapariciones forzadas, con 127 víctimas entre 2002 y 2005.

Los comparecientes reconocieron que las víctimas no eran miembros de grupos armados ilegales, confesaron cómo se ejecutaron los crímenes y admitieron su participación. 

Alejandro Angulo Acensio, uno de los soldados (r), relató en audiencia pública que disparó contra Hermes Carrillo cuando este se encontraba en estado de indefensión. Por su parte, Deimer Cárdenas Martínez confesó haber disparado contra ambas víctimas.

Además de detallar la manipulación de la escena y las estrategias para encubrir los crímenes ante la justicia ordinaria, los comparecientes participaron en audiencias públicas en junio y diciembre de 2024, donde asumieron compromisos de reparación hacia las víctimas y sus comunidades.

La JEP enfatizó que este beneficio no implica impunidad. Los militares (r) deben seguir aportando verdad y cumplir con un régimen de condicionalidad estricto, mientras que los máximos responsables continúan enfrentando juicio y cumplirán sanciones restaurativas monitoreadas y verificadas.

Otras noticias